Euskadi, hacia una Justicia "altamente digitalizada" con el Plan 2021-2026

De esta forma, además de los usuarios y la ciudadanía en general, se verán beneficiados de esta transformación digital 250 jueces, 100 fiscales, 200 abogados, 2.300 trabajadores de la Justicia, 5.700 abogados y 330 procuradores que trabajan en la CAV.

Artolazabal ha hecho estas declaraciones en el acto de apertura de la jornada 'Justicia digital en Euskadi: construyendo el futuro', que ha reunido este miércoles en el Bizkaia Aretoa de Bilbao a representantes de la Judicatura, la Fiscalía y la Abogacía vascas.

Según ha indicado en su intervención, el Plan de Justicia Digital 2021-2026 fomentará una Justicia en Euskadi que se apoyará en lo digital para facilitar la mejora de la actividad jurisdiccional y del servicio público de Justicia.

NUEVE LÍNEAS Y 35 PROYECTOS

"Esto implica a su organización, a su funcionamiento interno y a la forma en que la Justicia se relaciona con la ciudadanía. En segundo lugar, va de construir el futuro, ya que es el instrumento planificador del Departamento para promover la digitalización de la Justicia a través de la ejecución de 9 líneas y 35 proyectos", ha indicado.

Asimismo, ha aludido a la inclusión digital para recordar que todas las políticas del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales ponen a la persona en el centro de las acciones. "En este caso, el plan también contempla facilitar el acceso a todas las personas, prestando en una especial atención a la eliminación de la brecha digital", ha manifestado.

"Como defensoras de una Justicia que apoya a las personas y a los colectivos más desfavorecidos, nos sentimos comprometidas con el fomento de la accesibilidad de las personas con necesidades especiales por diferentes discapacidades, y también con las necesidades en alfabetización digital de las personas mayores", ha explicado.

El nuevo Plan de Justicia Digital 2021-2026 pretende transformar y mejorar la gestión administrativa en los tribunales y agilizar las gestiones para la ciudadanía. Precisamente, la consejera ha destacado que se trata de una herramienta "con la que construir el futuro", ya que es el instrumento planificador para promover la digitalización de la Justicia, y que tendrá en cuenta la inclusión digital.

SUBIJANA Y ADÁN

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, En este sentido, Iñaki Subijana, ha resaltado que "una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada debe formar parte de un sistema de justicia que fomente los espacios físicos que favorezcan el acceso, el acompañamiento y la comunicación, tareas imprescindibles para escuchar, atender, entender y resolver".

"Es preciso evitar que la digitalización de la Administración pública coloque al margen del acceso a los servicios públicos esenciales a los colectivos más vulnerables", ha añadido.

En esta línea, la Fiscal Superior, Carmen Adán, ha incidido en que "la transformación de nuestra Administración de Justicia solo puede y debe entenderse en clave de servicio público. Los sistemas tecnológicos impactan en ciudadanía y sus derechos, lo que exige un desarrollo escrupuloso de aquellos".

También ha intervenido en el acto la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Begoña Basarrate, quien ha indicado que "los letrados y letradas de la Administración de Justicia tenemos ante nosotros un plan que posibilita que nuestro trabajo diario ascienda a un nivel hasta ahora insospechado teniendo en cuenta que parte de lo que se hacía tenía un carácter incluso artesanal".

35 PROYECTOS

El Plan de Justicia Digital en la CAE 2021-2026 pilota sobre nueve líneas y 35 proyectos. Se trata de un plan que permitirá cambiar los sistemas tecnológicos actuales, así como los procedimientos en papel.

El Ejecutivo vasco pretende que, gracias a él, la Administración de Justicia evolucione hacia una justicia "altamente digitalizada, más eficiente, menos costosa, y que preste un mejor servicio a las personas usuarias".

Uno de los principales hitos de este plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias, entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno vasco con el de Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.

El Plan de Justicia Digital 2021-2026 se ha basado en un trabajo transversal necesario para su puesta en marcha: la actualización de las infraestructuras, tanto de las máquinas como de las redes de comunicaciones; la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para evitar ciberataques y proteger los derechos, y se ha mejorado la estructura de Servicios Informáticos. Además, este plan es una de las líneas estratégicas para impulsar el futuro Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, que será presentado a finales del primer semestre.

ACTO DE PRESENTACIÓN

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha celebrado en el Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco en Bilbao, una jornada de presentación del plan de digitalización que se ha prolongado durante toda la mañana.

La jornada ha comenzado con una apertura a cargo de la consejera Artolazabal, así como Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; Carmen Adán, fiscal superior, y Begoña Basarrate, secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Otras de las personas que también han intervenido han sido: Ana Agirre, viceconsejera de Justicia, quien ha cerrado el encuentro con las conclusiones del mismo, y Javier Landeta, director de Justicia Digital e Infraestructuras, encargado de presentar públicamente el plan.

Además, Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ofrecido una conferencia y, posteriormente se ha celebrado una mesa redonda, que ha contado con la participación de: Reyes Goenaga, presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia; Juan Calparsoro, fiscal jefe de Gipuzkoa; Blanca Rosa Barbero, secretaria coordinadora de Bizkaia; Antón María Echevarrieta, presidente del Consejo Vasco de la Abogacía; Pablo Bustamante, presidente del Consejo Vasco de Procuradores; Guillermo Gumb, presidente del Consejo Vasco de Graduados Sociales; y Ana Isabel López, responsable del proyecto de implantación del Expediente Judicial Electrónico.

Según las estimaciones del Departamento de Beatriz Artolazabal, el plan beneficiará a alrededor de 250 jueces y juezas, a un centenar de personas de Fiscalía y a otros dos centenares de la Abogacía de la Administración de Justicia, además de a más de 2.300 personas dependientes del Gobierno Vasco como el personal de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, Medicina Forense y Personal Laboral.

Junto a ello, también se verán beneficiados casi 5.700 abogados y abogadas, 330 procuradores y procuradoras, medio millar de graduados y graduadas sociales y, de una manera más indirecta, más de un centenar de notarios y notarias, y más de 40 registradores y registradoras, además de los miles de ciudadanos o entidades variadas que se relacionan todos los días con el servicio público de Justicia.