Bilbao - El Plan de Actuación contra la Violencia contra la Mujer del Gobierno Vasco establece distintas medidas para reforzar los medios materiales y humanos de los servicios judiciales que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista y sexual. Este plan, de carácter trienal para el periodo 2019-2021, aunque incluye medidas que ya se adoptaron en años anteriores, fue presentado en Bilbao por la consejera de vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José. El Plan, que recoge quejas y demandas de las víctimas de este tipo de violencia a las que se ha escuchado durante su elaboración, surge del análisis de las deficiencias observadas en la situación actual de los servicios que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista y sexual. Son deficiencias en los medios materiales y humanos empleados en esta cuestión, en la formación de los profesionales encargados de atender a las víctimas, así como en la “coordinación y el flujo de la información entre los diferentes ámbitos institucionales actuantes”.
Por este motivo, uno de los objetivos del plan será el desarrollo de un Plan Formativo para el personal que trabaja en los juzgados especializados en violencia de género, la aplicación de un sistema de complementos salariales a estos funcionarios y la sustitución inmediata de las bajas laborales que se puedan producir en ellos, con el objetivo de que no se vea mermada su funcionalidad.
Otro punto importante del plan será la creación de “instalaciones judiciales seguras, confortables y accesibles para las víctimas, con el objetivo de evitar la doble victimización y ofrecerles un trato adecuado”. “Los palacios de Justicia vascos se construyeron cuando no existía esta sensibilidad por lo que ahora es necesario adecuar todas esas dependencias”, explicó la consejera. En este sentido, reveló que se creará un nuevo espacio en el Palacio de Justicia de Bilbao “para descongestionar los servicios de asistencia a las víctimas de la violencia machista y sexual sobre las mujeres y mejorar la funcionalidad de los mismos. El nuevo convenio prevé incrementar de 9 a 15 los letrados dedicados a la asistencia de este tipo de delitos, lo que conllevará un incremento de 500.000 euros de la partida destinada a retribuir este servicio, que pasará a 1.600.000 euros. - Efe