madrid - Dos recientes casos de abusos sexuales a menos han hecho que el Supremo destaque la importancia de los protocolos de detección de abusos sexuales en los colegios.
El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de 16 años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una escolar de 14 años de forma reiterada a cambio de suministrarle dinero y droga.
Los hechos sucedieron en 2016, cuando dos alumnas de un instituto de Avilés conocieron al condenado en las proximidades del centro escolar. Este les hizo comentarios de cierto contenido sexual, intentó tocar a una de ellas y les dio tabaco y porros. Las dos menores se lo comentaron a la víctima que, entre el mes de noviembre y hasta el mes de diciembre, acudió los días lectivos, casi a diario, a un garaje que tenía el recurrente. Allí abusaba de ella y al marcharse le daba dinero o porros, que la menor compartía con un grupo de su instituto, con el fin de integrarse y ser aceptada en él.
El Supremo indica que en hechos tan graves como los probados los autores se aprovechan de “las condiciones personales de menores para atentar contra su sexualidad, aunque ello pueda provocar daños graves en el desarrollo de la personalidad, lo que no les produce ningún proceso personal de abstención de su conducta”.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó también la condena a 31 años de prisión, con un máximo de cumplimiento de 20 años, impuesta a un profesor de un colegio del Espinardo (Murcia) por abusar sexualmente de 8 escolares, de entre 11 y 13 años, a quienes ofrecía, en algunos casos, las preguntas de los exámenes.
Aprovechándose de la cercana relación que mantenía con sus alumnos y sus padres, el procesado, siguiendo un plan previamente trazado, mantuvo relaciones sexuales con 8 menores.
Algunas de las víctimas visitaban con frecuencia su casa, se bañaban en la piscina comunitaria y se quedaban a dormir. - E.P.
