Gasteiz - La oposición en Parlamento Vasco hizo ayer pinza para responsabilizar políticamente a cuatro consejeros de Educación entre 2003 y 2017 de “inacción” por su falta de respuesta ante los indicios de concertación de precios entre adjudicatarias de los comedores escolares que supuso, según el dictamen, un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros.

El pleno de la Cámara de Vitoria aprobó, con los votos de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), el informe final de la comisión de investigación que desde febrero de 2018 analizó si hubo irregularidades en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares públicos. PNV y PSE, los grupos políticos que conforman el Gobierno Vasco, votaron en contra de este informe al no compartir sus conclusiones y considerar que la oposición unió sus votos por motivos electoralistas y partidistas.

Esta comisión de investigación fue impulsada a principios de 2018 por la oposición después de que la Autoridad Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, período durante el cual estuvieron al frente de Educación consejeros de EA, PSE-EE y PNV.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó posteriormente un 60% la sanción tras un recurso de varias de estas empresas, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de “reacción, indagación, consulta o prevención” del Gobierno Vasco. En el dictamen aprobado se responsabiliza políticamente a los consejeros de Educación por su “inacción” ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración, aunque no habla de connivencia entre las empresas y altos cargos del Gobierno Vasco. Añade que también hubo responsabilidad en todos los gestores de los comedores a partir de 2013, cuando ya había denuncias públicas y el Gobierno Vasco “hizo caso omiso”.

Estos exconsejeros son Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá (PSE), actual ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez; y la actual titular de Educación, Cristina Uriarte. En el texto aprobado se considera acreditada la concertación de precios entre las empresas adjudicatarias de este servicio con un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros. Este quebranto público pudo haber sido de entre 28,7 y 33,7 millones de euros, y el resto, entre 42,1 millones y 48,5 millones, fue el sobrecoste abonado por las familias a través de las cuotas de comedor. El informe parlamentario considera que el cártel de empresas que se repartía el mercado de comedores escolares y acordaba los precios causó el citado sobrecoste, aunque no se remitirá a la Fiscalía porque en el trabajo parlamentario no se encontraron indicios de delito ni en los niveles técnicos ni en los políticos.

En el pleno, David Latxaga (PNV) tachó de “comedia de enredo” este informe urdido por la oposición en una comisión cuyas conclusiones, a su juicio, estaban escritas desde el inicio con el objetivo de “desgastar” al Gobierno de Urkullu y “manchar” el nombre de los consejeros, y ha incidido en que el dictamen no refleja “la verdad” y sus conclusiones no se corresponden con hechos probados. - Efe