Bilbao - “Resulta urgente dar un impulso más decidido que permita superar el retraso patente en el establecimiento de la justicia digital”. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, se ha marcado como objetivo para el presente curso mejorar la eficiencia de la administración de justicia, que en 2018 no logró “remontar la situación de estancamiento” que vive desde hace tiempo. Ibarra realizó estás declaraciones en la apertura del año judicial celebrado ayer en el Palacio de Justicia de Bilbao, en el que también intervinieron la fiscal superior, Carmen Adán, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. También asistieron al acto otros representantes políticos e institucionales, como los consejeros del Gobierno Vasco María José San José, Josu Erkoreka y Estefanía Beltrán de Heredia; el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, el delegado del Gobierno, Jesús Loza o el Ararteko, Manuel Lezertua.
El presidente del TSJPV pintó un panorama de la justicia vasca con luces y sombras, sombras que hunden sus raíces en los problemas estructurales que aquejan al sistema judicial español. El año pasado los 170 órganos judiciales de la CAV trataron 208.286 causas -3.000 más- y el tiempo de respuesta fue solo un poco menor que en 2017, menos en la jurisdicción civil debido, fundamentalmente, al aluvión de denuncias interpuestas contra las cláusulas suelo. En opinión de Ibarra, las “piedras en nuestro zapato” que lastran los procesos y, por tanto, la percepción social de la calidad de la justicia, son la obsolescencia del mapa judicial establecido en 1968, la insuficiente especialización de los órganos judiciales y la falta de personal y medios.
El Estado español ocupa el duodécimo puesto en gasto por habitante dentro de la Unión Europea de los 28 y baja hasta el puesto 22 en número de jueces por cada 100.000 habitantes. A todo ello hay que sumar que en plena era digital la justicia sigue siendo una isla de papel en el que los dosieres se amontonan en despachos y almacenes. Ibarra quiso trascender las cifras y se mostró convencido de que hay margen para poder situar la Administración de Justicia del País Vasco en la categoría de “los servicios públicos de excelencia”.
Así avanzó la puesta en marcha de dos iniciativas inspiradas en la colaboración con el Ejecutivo que contribuirán a mejorar los niveles de eficiencia y calidad. Según anunció, próximamente se constituirá un instrumento de gobernanza conjunto con el Departamento de Justicia para abordar coordinadamente retos de la justicia del siglo XXI, como la planificación del personal, los medios materiales, la infraestructura digital o los recursos económicos.
En estos momentos, este órgano de colaboración y participación está en “fase de tramitación y aprobación”, según el presidente del TSJPV. Lo integrarán el Departamento de Justicia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, una representación del Ministerio Fiscal y una de letrados. Su puesta en marcha será la culminación de la primera de las iniciativas de mejora que ya ha dado sus primeros pasos. Son unas sesiones de debate con el Departamento que dirige María José San José para establecer las bases del futuro Plan Estratégico para la gestión y ejecución de políticas públicas sobre la Administración de Justicia en Euskadi que está elaborando el Gobierno Vasco.
En opinión de Ibarra, el documento “permitiría desarrollar una visión más allá del horizonte temporal de la legislatura”. No obstante, reconoció que los déficits que arrastran los juzgados vascos solo se resolverán con la esperada reforma integral del sistema de justicia español, acordada ya en el Pacto de Estado 2001, y que sigue sin materializarse. Durante su intervención, el lehendakari saludó el planteamiento colaborativo “para acertar en la buena dirección” que encierran estas dos iniciativas. Urkullu agradeció el enfoque de “colegiación de esfuerzos” y “auzolana” orientado a la búsqueda de soluciones expresadas durante la apertura del año judicial, teniendo en cuenta el contexto de “incertidumbre” actual.
Por su parte la fiscal superior, Carmen Adán, mostró su preocupación por el número creciente de delitos contra la libertad sexual registrados en Euskadi. Aunque las cifras podrían indicar que se ha logrado que las víctimas se sientan lo suficientemente tranquilas para denunciar a sus agresores “no cabe engañarse”, dijo. La realidad es que muchas víctimas, cuyos casos son derivados por hospitales o terceros, se niegan a denunciar. “Intentar convencer a la víctima de que su denuncia lograría evitar otras víctimas, es en muchas ocasiones un esfuerzo que choca ante el miedo al propio proceso y a la repercusión pública del mismo”. Además, la fiscal insistió en la necesidad de colocar cámaras de vídeo en despachos y aulas de los colegios para identificar a los autores de agresiones sexuales contra menores, una medida que ha sido fuertemente contestada por la comunidad educativa vasca y que no entra en los cálculos del Departamento de Educación.
Estancamiento. El presidente del TSJPV recordó “con pesar”, que la Memoria del año 2018 revela que el funcionamiento de la Administración de Justicia en Euskadi en el último ejercicio “apenas presenta variaciones” respecto al año anterior, lo que significa que, en referencia a indicadores de eficiencia, no se ha conseguido “remontar la situación de estancamiento, con tendencia a la baja”, que se constató en 2017.
Ibarra aseguró que la tasa de asuntos pendientes en estos dos últimos años creció en un 20,5% en 2017 respecto del año 2016 y otro 3,3% al concluir 2018. “Significa que iniciamos el año 2019 con un número de asuntos en nuestros armarios equivalente a los ingresados en los últimos cuatro meses”, apuntó.
