Clamor unánime contra la propuesta de la Fiscalía de instalar cámaras en las aulas

En la memoria del año 2018, presentada el lunes, la Fiscalía subraya la dificultad de perseguir delitos de abusos sexuales en los que las víctimas son menores de edad por producirse en entornos de estricta intimidad y llevar aparejados un componente de vergüenza por parte de la víctima.

En ese contexto, menciona que lo “delicado” de los entornos en los que se producen esos hechos “podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas)”.

Fuentes de la Fiscalía subrayaron ayer que en ningún caso se trata de una propuesta ni de una recomendación de la Fiscalía. De hecho, la Memoria tiene una apartado en propuestas de reforma legislativa en el que no se incluye este asunto.

Se trata, de acuerdo con la misma fuente, de la descripción de un problema y la sugerencia de introducir alguna medida de control “de forma general”, siempre ajustada a la legalidad, en la que la instalación de cámaras no es más que un ejemplo.

Para la ministra de Educación, Isabel Celaá, la instalación de estás cámaras sería “terrible”, aunque, en declaraciones a Onda Cero, detalló que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse.

Por su lado, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, opinó que “meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución” y se mostró partidario del “desarrollo de la convivencia”.

No obstante, puntualizó que si la Fiscalía “tiene criterios para saber que en algún caso conviene, habrá que reconsiderarlo”, pero insistió en que “no es un enfoque educativamente adecuado para dar solución a un problema que preocupa a todos”.

debate necesario Desde la Consejería Vasca de Educación, su titular Cristina Uriarte asegura que la colocación de cámaras en las aulas es un tema “muy sensible”, que no está “sobre la mesa” en su Departamento y que, en cualquier caso, debería debatirse en el seno de la comunidad educativa. En Castilla La Mancha, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, calificó la posibilidad de “excesiva” y abogó por políticas de prevención de acoso escolar o de violencia de género.

Además, la Federación de Enseñanza de CCOO criticó la medida porque es “ineficaz, contraria a las libertades y no resuelve el problema de fondo” en las aulas, que es “la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años”.

Una opinión que comparte el Sector de Enseñanza de UGT, que considera que las aulas “no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos”, para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado. En este sentido, el sindicato de docentes STES manifestó que la sugerencia es “desproporcionada, de dudosa legalidad y carente de rigor, además de que elude ir a la raíz del problema”.

ONG Las ONG Save the Children y Unicef criticaron el plan y apostaron por la “reflexión”, así como por implementar “más medidas de prevención y menos vigilancia”.

“Es necesaria una reflexión profunda con profesionales de varios ámbitos para estudiar la pertinencia de determinadas medidas”, afirmó Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política de Unicef Comité Español, en referencia al planteamiento de la Fiscalía.

Por su parte, Save the Children aseguró que “valora positivamente que la institución ponga el foco en un problema tan grave” como son los delitos sexuales contra menores de edad, pero pide “más medidas de prevención y menos vigilancia”.

“Urge que todos los centros tengan protocolos de prevención y gestión ante estos casos de violencia contra la infancia. Es fundamental que el profesorado tenga formación específica para poder detectar y prevenir estos abusos y que a su vez los niños y niñas reciban educación afectivosexual en las aulas para que puedan autoprotegerse, como ya sucede en otros países de Europa”, ha manifestado el director general de Save the Children, Andrés Conde. - Efe/Europa Press