ALMERÍA. La fiscal Elena María Fernández, que acusa por un delito de asesinato y dos de lesiones psíquicas a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha asegurado este lunes que el pequeño "no tuvo opción de salir con vida" de la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería), en la que murió.

"Con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida", Ana Julia le dio "muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción de este niño", ha sostenido la fiscal durante su intervención ante el jurado popular.

Ha añadido que Gabriel no podía esperar "de ninguna manera un ataque que procede de una persona que es pareja de su padre", que había generado "confianza" en él por pertenecer a su entorno familiar.

La fiscal ha defendido que "más allá de este ataque" que pilló "desprevenido" al menor, Ana Julia aprovechó la absoluta "situación de desamparo y desvalimiento" propia de un niño de "8 años que pesaba 34 kilos", por el "desequilibrio de fuerzas" entre ambos que le dio una "mayor facilidad para cometer el delito y asegurar el resultado de muerte".

Asimismo, se ha referido al daño provocado a los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por su actitud durante la búsqueda de Gabriel, dándoles esperanzas durante la misma.

Ana Julia Quezada, ha sido conducida esta mañana por agentes de la UPR de la Policía Nacional desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería hasta el Palacio Provincial de Justicia, al que ha llegado sobre las 08:55 horas.

Vestida con una americana de color azul y pantalón blanco, Quezada ha podido acceder escoltada por agentes de la UPR de la Policía Nacional sin incidentes, debido a que únicamente se encuentran en lugar medios de comunicación y ningún manifestante.

Se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía.

Solicita también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor, y además, en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.