Madrid - El barco Open Arms lleva seis días en aguas internacionales con 121 migrantes rescatados sin poder desembarcar y el Gobierno español reiteró ayer que la responsabilidad no es suya, sino de la Unión Europea. Tanto el ministro de Fomento José Luis Ábalos, como la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Isabel Celaá desviaron la atención hacia el Ejecutivo comunitario. Ambos repitieron que “la responsabilidad es de la UE”, y que quieren que se responsabilicen y sientan la política migratoria como propia. Ábalos además añadió que “no es una cuestión voluntarista, sino de política de la Comisión Europea”, y que “no es justo decir que España es el único puerto seguro de Europa”.

70.000 FIRMAS EN 24 HORAS Una petición del portal change.org para que el Gobierno intervenga y busque un puerto seguro para el Open Arms supera ya las 70.000 firmas en menos de 24 horas. En el texto de la petición se pide a Pedro Sánchez y a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, que no sean “cómplices de la tragedia” y que no dejen que el mar Mediterráneo sea “un cementerio vergonzoso”.

Mientras tanto, la cuenta de Twitter del barco Open Arms continúa pidiendo un puerto seguro, además de emitir un irónico mensaje acerca de la amenaza de multa de Italia: “1.000.000 de euros de multa si un barco humanitario como el Open Arms entra en aguas territoriales italianas. Todo por seguridad. Seguimos”.

El barco español zarpó en junio, a pesar de que solo contaban con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria. La Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, advirtió a la ONG de que si retomaba las labores de rescate podían ser sancionados con multas de hasta 901.000 euros, según informa Europa Press. Por ello, la ONG rechaza pedir puerto al Estado.

ofrecimiento vasco El lehendakari Iñigo Urkullu recalcó ayer que el Gobierno Vasco ha propuesto al Estado acoger a algunos de los inmigrantes que desembarquen del Open Arms. El mandatario vasco defendió “un ejercicio de corresponsabilidad” en el ámbito migratorio, mediante la propuesta Share, y afirmó que aún no ha habido respuesta del Gobierno español. También recalcó la necesidad de un pacto social para tratar el tema.