La decisión de la capitana del Sea-Watch 3, el barco de rescate de la ONG alemana Sea Watch, de saltarse la prohibición del Gobierno italiano de atracar y desembarcar a los cuarenta migrantes rescatados hace más de dos semanas, tiene un simbolismo similar al que tuvo hace un año la llegada del Aquarius a Valencia y también puede ser el primer acto de un verano con nuevas llegadas masivas de inmigrantes procedentes de África y Asia.
Este verano, al igual que ocurrió en 2018, el cierre de los puertos de Italia y Malta hará que se mantenga el desvío de las principales rutas de migración desde el Mediterráneo oriental y central hacia las costas españolas, de forma que tras el desembarco en Andalucía o Levante, una parte importante de esos inmigrantes llegará a Euskadi como punto intermedio en su trayecto hacia algún país del norte de Europa, su posible destino final.
Según datos del Ministerio del Interior, durante 2018 al Estado español llegaron 55.621 inmigrantes por vía marítima, que son un 161,6% más que en 2017. En el primer semestre de este año, 10.475 migrantes han llegado en patera a las costas españolas, lo que supone un 27,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando hasta el 30 de junio habían entrado irregularmente 14.426 personas a través del mar, según el Ministerio del Interior. Las entradas por vía terrestre también han bajado un 3% al situarse en 2.788 en los seis primeros meses de 2019. A esto se suma que, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 597 inmigrantes han perecido en el mar mientras trataban de alcanzar las costas de Europa desde el inicio de 2019. Desde 2017, en que se realizan informes quincenales o semanales sobre entradas de personas en situación irregular, esta es la primera vez que se ha constatado una tendencia a la baja en las llegadas de pateras. Esto significa que España ya no es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular y que los flujos desde Marruecos -de donde parten el 97% de los inmigrantes que llegan por mar- se han reducido en los últimos meses debido a la acción de control del Gobierno marroquí y a la colaboración con las autoridades españolas.
Los expertos, no obstante, advierten de que la presión migratoria persiste y se prevé que el número de personas que intentarán llegar a Europa por vía marítima -fundamentalmente a través de las costas españolas- aumente durante los meses de verano y hasta comienzos del otoño. Ahora se observa cierta contención en el número de embarcaciones y de migrantes, pero la experiencia de otros años indica que cuando el control marroquí decaiga o se limiten los efectivos de vigilancia y las condiciones del mar sean buenas, las mafias aprovecharán para transportar a los desesperados migrantes retenidos en el norte de África, que se han ido acumulando durante los meses en que la salida de pateras ha estado más vigilada.
En opinión de la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres, el mayor control fronterizo en el Estrecho ha convertido esta zona en una “yincana” y ha obligado a los inmigrantes a buscar otras vías “más largas y peligrosas”. “Simplemente ha habido un cambio de ruta, más negociación con Marruecos, que se ha traducido en un mayor control, y han continuado las devoluciones en la valla”, resume Favieres.
Muga cerrada Ante la previsión de que las escenas vividas el año pasado en Bilbao, Donostia e Irun, con llegadas prácticamente diarias de grupos de migrantes en tránsito buscando ayuda para pernoctar durante unos días, acceder a recursos públicos o privados para contactar con sus familias, asearse y comer, se repitan este verano o, incluso, se agraven, el Gobierno vasco ha preparado un Plan de Contingencia cuyo principal objetivo es prestar atención humanitaria a estas personas. Este verano, además de las condiciones habituales que favorecen el incremento de travesías entre el norte de África y el sur de la península y la posterior llegada de migrantes a Euskadi, se dará una circunstancia excepcional que podría provocar el cierre temporal de la muga, impidiendo que estas personas inmigrantes continúen su viaje hacia otros países europeos. Se trata de la celebración de la cumbre del G-7 en Biarritz entre el 24 y el 26 de agosto.
Con motivo de esta cumbre y por razones de seguridad, en días previos a su celebración se pondrá en marcha un plan que incluirá la suspensión del Acuerdo Schengen, el cierre preventivo del aeropuerto y los accesos por tren a la ciudad, así como mayores controles en carreteras, restricciones de la circulación y cierres intermitentes en Biriatou. Todo ello dificultará durante varios días el paso de migrantes desde Hegoalde y podría derivar en una acumulación de personas en tránsito en los dispositivos de atención de emergencia de Bizkaia y Gipuzkoa, que son los territorios donde se registra mayor número de llegadas.
El Plan de Contingencia 2019 para la atención humanitaria a migrantes que llegan en tránsito a Euskadi, que fue presentado públicamente a comienzos de junio, parte del principio de que ofrecer una respuesta adecuada a la realidad de la migración “es una obligación en el derecho interno y europeo, y en el derecho internacional”, además de ser una cuestión humanitaria y de ética democrática. En la presentación del plan también se reconoce que la llegada a Euskadi de forma constante y en número elevado de migrantes en tránsito es una nueva dimensión del fenómeno migratorio que vive Europa desde hace años. Tras recordar que, desde junio de 2018 hasta el pasado marzo, 8.662 personas fueron atendidas en los albergues de acogida de emergencia de la CAV, el documento del Gobierno vasco señala que en los meses de marzo, abril y mayo la llegada de migrantes en tránsito se redujo hasta cifras que no alcanzan de media diaria la decena de personas y que “esta circunstancia ha permitido que hayamos podido dedicar este tiempo a preparar la respuesta para lo que resta de 2019”. El objetivo del plan es dar una respuesta adecuada a las llegadas que se produzcan este verano y hasta comienzos de 2020. Pero, a tenor de la experiencia vivida, desde el Gobierno vasco apuntan que “no todas las personas migrantes que han pasado por Euskadi en tránsito hacia otro objetivo migratorio han querido pernoctar en los albergues creados. Algunas de ellas o bien contaban con contactos o redes propias, o bien han preferido continuar su viaje sin hacer una parada de restablecimiento”.
En la actualidad hay en funcionamiento seis albergues de acogida de emergencia, en Bilbao, Donostia, Gasteiz, Irun, Berriz y Oñati, que suman 300 plazas ampliables a 550 en caso de necesidad. A esta red de albergues se podrían sumar hasta once instalaciones, con una media de cien plazas disponibles, en el caso de que las llegadas de migrantes en tránsito superasen las 500 personas en un solo día. De esta forma, el plan permite dar asistencia suficiente, incluso si se produce una situación excepcional con la entrada de más de 600 personas en una jornada. El plan especifica que la inmensa mayoría de los migrantes en tránsito tiene una necesidad de descanso y restablecimiento de uno o dos días que, en algunos casos, se alarga hasta periodos de tres, cinco o siete días, por lo que los recursos disponibles registran un ritmo elevado de rotación que permite atender a los que van llegando. No obstante, junto a ese elevado porcentaje de personas que tras unos pocos días prosiguen su viaje migratorio, también hay casos que obligan a responder a “tres demandas añadidas y diferenciadas: migrantes en tránsito que solicitan protección internacional, migrantes en tránsito que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que requieren de plazos más largos de restablecimiento y migrantes en tránsito que después de pernoctar varios días en un albergue de urgencia manifiestan su deseo de quedarse en Euskadi”.
A punto de afrontar las fechas álgidas en el número de llegadas de migrantes por mar y su posterior presencia temporal en Euskadi, las instituciones y las organizaciones sociales vascas están preparadas para atender de manera eficaz a estas personas, incluso si este año las llegadas superan las de 2018. El único punto de incertidumbre radica en las consecuencias que puedan tener en la ocupación y capacidad de los albergues las restricciones durante varios días de agosto del tránsito de personas por la muga.