logroño - Las universidades que forman el grupo G-9, que son las de comunidades autónomas en las que solo hay un centro público de enseñanza superior -entre ellas Euskadi-, alertaron ayer del exceso de burocracia que soporta la investigación, que crea problemas operativos y financieros. Esta es una de las conclusiones de la sectorial de Investigación de este grupo, integrado por las universidades de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Asturias y La Rioja, que se ha reunido en Logroño.
El actual presidente del G-9, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, explicó ayer que las conclusiones de este encuentro pueden ser asimiladas por el resto de universidades “tanto porque los problemas son comunes” como porque “somos una parte importante del sistema universitario español” con unos 170.000 estudiantes y cerca de 20.000 profesores e investigadores.
El presidente del G-9 de universidades ha destacado la “buena voluntad” hacia la investigación universitaria que han detectado en el Gobierno central la pasada legislatura “pero hay muchos impedimentos para que esa investigación se lleve a cabo de forma fluida”, aseguró.
Así, afirmó que la Ley de Contratos del sector público ha creado “desconcierto e incertidumbre” en el sistema universitario, en lo que se refiere a la contratación laboral y a la captación y retención de talento, y destacó que “es necesario un reglamento de aplicación para las universidades”. También incidió en que el estatuto del personal investigador en formación “no se ha hecho con un marco claro para las universidades e incluso crea dificultades a sus beneficiarios” y, además “las convocatorias tienen que ir acompañadas de la financiación para cubrir esos contratos, porque si no, se crea un problema a las universidades”.
García incidió en que la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales “es cada vez más compleja, tiene criterios cambiantes y es retroactiva, lo que lleva en ocasiones, a crear una sangría económica en los presupuestos de las universidades”. Además, indicó, “esa complejidad no tiene justificación y aunque a veces se achaca a que son fondos de la UE, son más difíciles de justificar que los propios programas europeos”. “Estamos absolutamente de acuerdo con el control presupuestario riguroso y la rendición de cuentas, pero creemos que no hay cauces sencillos y razonables para esa labor de gestión y justificación y que la administración electrónica no está llegando igual a las universidades a otros ámbitos de la administración”, afirmó.
Reincidió en la petición de “recursos” para llevar a cabo esa administración de forma más eficiente “y que se tenga en cuenta que se trata de un sector que trabaja dentro de un estado autonómico y en un ámbito europeo e internacional, con lo que tenemos que adaptarnos más a modelos de otros países europeos y, sin embargo, lo que hacemos es algo más retrasado”.
El rector de la Universidad de Oviedo explicó que “las trabas burocráticas no solo suponen impedimento a la gestión diaria de universidades, sino que suponen gastos de personal y una pérdida significativa de la escasa financiación que recibimos”.
También manifestó el deseo del G-9 de que el futuro Gobierno de España mantenga un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, porque “cualquier disgregación del mismo sería un impedimento para avanzar en lo que pedimos”. - Efe / Foto: J.R.G.
