madrid - La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, considera “imprescindible” la colaboración de la Iglesia católica para que afloren más casos de abusos sexuales a menores, algo a lo que habría ayudado la aprobación de la ley de protección a la infancia. Respecto a los asuntos que han quedado pendientes por el adelanto electoral destaca la importancia de que la violencia contra la infancia “se coloque en la agenda” y ser capaces de “clarear esa situación y retirar ese manto de silencio tan opaco y vergonzante que ha hecho sufrir a tantas personas”, en referencia a los abusos.

En este sentido, insiste en que la colaboración de la Iglesia es “imprescindible”, y advierte a esta institución de que “son personas a las que les afecta la legislación española”. Tras la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes, el anteproyecto de ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que contaba con el consenso suficiente y que estaba previsto llevar al Consejo de Ministros a finales de este mes, no llegó a ver la luz.

Preveía que el plazo de prescripción de los abusos a menores empezase a contar a partir de que la víctima cumpliese 30 años y no 18 como ahora, debido a que es en la madurez cuando se atreven a denunciar. Carcedo se muestra orgullosa de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya colocado en la agenda política la pobreza infantil, pese a lo “frustrante que fue el negacionismo y la ocultación” de esa realidad.

Durante la entrevista con la agencia Efe, la ministra destaca la primera medida sanitaria aprobada por el Ejecutivo: la recuperación de la sanidad universal a través de un Real Decreto que se tramitó como proyecto de ley, pero que no prosperó por la disolución de las Cortes. Según Carcedo, fue “una medida decisiva para acabar con esas bolsas de personas excluidas de la asistencia sanitaria y que el decreto resolvió con contundencia”.

Otro de sus retos al frente del Ministerio ha sido la mejora de la Atención Primaria, un asunto que tras varios meses de trabajo se tratará de forma monográfica el próximo miércoles con las comunidades autónomas. Una de las propuestas es establecer unos “cupos orientativos” de pacientes por cada médico o pediatra, ya que ahora la ratio es “muy variable” y va desde las 2.000 tarjetas sanitarias por profesional en zonas urbanas hasta las 300 en áreas rurales. Además, se contempla que los médicos puedan solicitar pruebas complementarias “resolutivas” antes de derivar al paciente al especialista.

vacunas Respecto a si es partidaria de que las guarderías exijan a los niños estar vacunados, como baraja Galicia, considera que si se observara un descenso del porcentaje de niños vacunados -actualmente por encima del 97%-, “habría que pensar alguna medida”. Sobre la aprobación de la profilaxis preexposición frente al VIH (la PrEP) un compromiso de este Gobierno, la ministra manifiesta su temor a que se pueda bajar la guardia al pensar que, además de evitar el contagio de este virus, es eficaz frente a otras enfermedades de transmisión sexual y que su efecto perdura en el tiempo, cuando no es así.

No obstante, pide que no se saque la conclusión de que el Ejecutivo tiene “algún tipo de prejuicio”, sino “al contrario”, aunque no ha precisado cuándo se va a autorizar este fármaco. La titular de Sanidad muestra su preocupación por el “repunte” en el consumo de tabaco en jóvenes y mujeres, e incide en la importancia de las campañas de sensibilización.

Carcedo insiste en que Sanidad no descarta sancionar a las farmacéuticas “en caso de producirse una situación flagrante de falta de suministro” causada por razones ajenas al interés de la producción y suministro de los medicamentos.

Asimismo, vuelve a mostrar su rechazo a la gestación subrogada, porque “no podemos reducir a los niños al concepto de mercancía”, y reitera la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales para acabar con esta práctica. - Efe