Bilbao - Las trabajadoras de hogar de Euskadi llevan tiempo luchando para acabar con su discriminación laboral y para lograr una equiparación de derechos con el conjunto de trabajadores. Una discriminación y desigualdad que se traducen en mayores niveles de precariedad y pobreza y en un incumplimiento casi general de la normativa laboral, con casos graves de abuso por exceso de horas de trabajo, jornadas sin descanso y bajas retribuciones.
Si a la falta de aplicación de derechos básicos, como contar con un contrato y estar inscritas en la Seguridad Social, se suma el hecho de que una parte muy importante de las trabajadoras de hogar es de procedencia inmigrante, el resultado es que la situación actual del colectivo aún está lejos de la normalización desde un punto de vista laboral y de la igualdad y el reconocimiento social. Varias de las organizaciones sociales vascas que se ocupan de canalizar las reivindicaciones de las trabajadoras de hogar coincidieron en una jornada sobre las labores de cuidado -titulada Ni chachas ni domesticadas- en que su principal demanda, con la vista puesta en acabar con la discriminación y abusos que sufren, es “la integración plena al Régimen General de la Seguridad Social y estar amparadas por el Estatuto de los Trabajadores en todos sus puntos”. También piden la ratificación por parte del Estado español del Convenio 189 de la OIT y su recomendación 201.
Jessica Guzmán es chilena, trabajadora de hogar interna y presidenta de la asociación Malen Etxea, lleva casi doce años en Euskadi y vive en Zumaia. “La lucha que tenemos nosotras es para que se nos valore y para tener derechos como trabajadoras. No querremos que se nos trate como trabajadoras de segunda clase, sino tener los mismos derechos que todos los trabajadores, porque trabajar 24 horas en una casa es esclavitud, por eso estamos en la lucha”, afirma Jessica. Sus reivindicaciones también incluyen la integración en el régimen general de la Seguridad Social, la elevación de salarios y la regulación estricta de los horarios y jornadas.
“Queremos que se acabe el trabajo de interna, que sea sustituido por un trabajo jornalizado. Se trataría de hacer turnos de ocho o doce horas porque una trabajadora no pude estar 24 horas en una casa sin poder salir. Estamos hablando de trabajadoras que pagamos la Seguridad Social, pero estamos en un régimen especial con menos derechos y nos tienen con la soga en el cuello, con salarios de hambre y estamos poco valoradas. No estamos contra los empleadores sino contra este sistema que nos ha dejado olvidadas”, recuerda vehemente la presidenta de Malen Etxea.
Más pobres Un reciente informe realizado por Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III señala que “la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y los cambios normativos que llevaría aparejados para equiparar sus derechos laborales a los del resto de asalariados y facilitar la cotización del empleo doméstico, contribuiría a avanzar hacía la formalización total de un sector que mantiene un crecimiento constante en términos de empleo”. El informe constata, sin embargo, que aunque está aumentando el número de personas -fundamentalmente mujeres- que desempeñan trabajos de cuidado de personas y hogares, la cifra de las registradas en la Seguridad Social desciende.
En la Comunidad Autónoma Vasca hay cerca de 12.000 personas extranjeras dadas de alta en el régimen de Servicio de Hogar de la Seguridad Social y, según las organizaciones que las representan, casi el 90% de ellas trabajan como internas y su ocupación principal es el cuidado de personas, en su mayoría ancianas y dependientes, aunque también hay un porcentaje pequeño que cuida a menores. Las estadísticas que ofrece ATH-ELE sobre las trabajadoras de hogar que solicitan asesoramiento o información a esta asociación proporcionan una imagen bastante clara del sector en Euskadi: el 41% de las trabajadoras de hogar son extranjeras no comunitarias y el 30% son autóctonas; en el caso de las que trabajan internas, el 72% son extranjeras no comunitarias, el 24% tienen doble nacionalidad y poco más del 2% son autóctonas; el 88,5% de las internas tienen como tarea principal los cuidados personales; el 80% están dadas de alta en la Seguridad Social y el 15% no lo están porque carecen de ‘papeles’; entre las trabajadoras externas la afiliación a la Seguridad Social baja al 74,7%. Según ATH-ELE, la gran mayoría de las internas realiza el trabajo en condiciones ilegales en materia de jornada y descansos y en el grupo de las trabajadoras sin papeles se han dado “casos de explotación extrema”.
Jessica Guzmán, que participó en el estudio de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III, cuenta con la experiencia de varios años trabajando de interna en Euskadi y con el conocimiento de muchas situaciones personales vividas por otras mujeres inmigrantes agrupadas en Malen Etxea. Asegura que “todos los días se saltan muchas normas y condiciones para las trabajadoras de este sector, se olvidan de aplicarlas porque les sale muy barato tener una interna. Piensa que son turnos de 24 horas y solo tienes un día libre, los sueldos están entre 800 euros y 1.100, que es lo máximo que se paga y comprenderás que una trabajadora que esté todo el día en una casa tiene que recibir un mínimo de 1.600 euros, un nivel salarial que nunca se ha dado y del que estamos muy lejos. Pero nosotras, más que subir los sueldos, reclamamos que se tiene que trabajar de otra forma, se tiene que erradicar el sistema de interna porque no puede ser que una mujer extranjera trabajadora asuma toda la responsabilidad de lo que el Estado no ha podido arreglar: la situación de las personas ya jubiladas que ahora están en casa, enfermas o con dependencia, que han trabajado toda la vida, han luchado y el Estado ahora no les facilita su atención”.
“Las internas suplimos esa falta -añade Jessica-, pero no nos corresponde a nosotras asumir un rol que tiene que ser regulado. Nosotras teníamos que pasar ya al régimen general de la Seguridad Social pero eso se postergó hasta el 2024. Se hace una ley, se trata de arreglar una situación injusta y luego se posterga. Seguro que después de 2024 vamos a estar cuatro o cinco años más retrasando esto, porque no se ha abordado el problema en profundidad y con respeto. Nosotras no tenemos por qué asumir 24 horas de trabajo en una casa. Piensa que estamos hablando de mujeres que están explotadas pero que también tienen derecho a comer, a salir, a distraerse, a tener una vida sexual y tienen todo eso denegado, ni siquiera podemos ir tranquilas al médico, son derechos básicos pero a nosotras nos los niegan”.
Aportación al PIB De acuerdo con el informe de Oxfam Intermón y el Instituto de Estudios de Género de la Carlos III, en el conjunto del Estado español hay más de 630.000 personas dedicadas a trabajos del hogar, casi el 4% de la población activa. “Se trata de un sector económico que, de estar legalmente remunerado, equivaldría al 2,8% del PIB” y a pesar de esto, “se ve condenado a la infravaloración y la informalidad”, señalan los autores del estudio. Aproximadamente 164.000 de esas 630.000 trabajadoras de hogar estimadas no están registradas en la Seguridad Social y, por tanto, “no cotizan ninguna de las horas trabajadas”, además de ver limitados sus derechos laborales.
Una de las principales consecuencias de esa situación de informalidad e irregularidad de buena parte del trabajo en el hogar es que los salarios son más bajos y hay una mayor temporalidad y parcialidad que en el resto de sectores laborales. Eso también se traduce en pobreza: mientras que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 el 16,3% de las personas que trabajan por cuenta ajena vivía por debajo del umbral de pobreza, este porcentaje sube al 34,3% en el caso de las empleadas de hogar.
La asociación Malen Etxea, presente en Gipuzkoa y Bizkaia, cuenta con una casa albergue para dar “comida, cama y techo” a muchas de esas mujeres inmigrantes que vienen a Euskadi para trabajar en labores de hogar y cuidados. “Tenemos una casa albergue y necesitamos ayuda para mantenerla, porque estamos tirando solas -explica Jessica Guzmán-. A las chicas que han perdido el trabajo, que no tienen recursos les damos espacio con una cama, comida y techo y entre todas vamos tirando, hay espacio para seis y ahora hay lista de espera, porque hay una gran cantidad de chicas que están llegando y también muchas que han perdido su trabajo y llevan mucho tiempo aquí. Con los bajos salarios no tienen capacidad de ahorro y necesitan un lugar para vivir”.
Se suele hablar de empleadas domésticas en femenino porque casi el 90% del sector está formado por mujeres. En el colectivo también destaca la presencia de personas de origen extranjero, un 56,4% según el estudio de Oxfam, aunque en los últimos años su porcentaje ha descendido debido a que la crisis llevó a muchas mujeres autóctonas a optar por este trabajo, según Liliana Marcos, especialista en política laboral de Oxfam Intermón. Aún así, las trabajadoras domésticas internas en hogares son en su inmensa mayoría mujeres migrantes: un 81,8%.
En Euskadi. A falta de datos sobre la cifra real de trabajadoras de hogar en la CAV, la asociación ATH/ELE denuncia que el 71,56% de las internas realiza el trabajo en condiciones ilegales en materia de jornada y descansos.
En el Estado. Según datos de la EPA, hay más de 630.000 personas dedicadas al empleo del hogar, casi el 4% de la población activa. También se calcula que las que no están registradas en la Seguridad Social y, por tanto, no cotizan ninguna de las horas trabajadas son 163.925.
Más de una de cada tres trabajadoras del hogar viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. Comparadas con el resto de la población asalariada, estas trabajadoras duplican las situaciones en las que hay retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. Según las estadísticas oficiales, un 34,3% de las trabajadoras de hogar vive en hogares pobres debido a la precarización e informalidad del sector.