vitoria - ¿Y ahora qué? es el título del disco que Reincidentes publicó el año 2000, el noveno en su carrera. Incluye canciones míticas de la banda andaluza como ¡Ay Dolores!, pero también otras como No es normal, Ya está bien, Los buenos y los malos o La Espiral. Estas ideas se ajustan como un guante al conflicto abierto en los colegios concertados de Euskadi. No es normal que tras ocho días de huelga consecutivos, las partes no se hayan sentado entorno a una mesa para acercar posturas mientras 120.000 estudiantes perdían clase. Y lo que es peor, no hay fecha para una nueva Mesa de Negociación. Y no es normal que, con las mismas condiciones de concierto educativo, las ikastolas firmasen en diciembre un acuerdo muy similar a la última oferta presentada a los colegios de Kristau Eskola y AICE. Ya está bien es lo que en estos momentos pueden pensar las familias de todo ese alumnado que ha perdido el 10% del curso (152 horas lectivas). Las versiones de parte y las acusaciones cruzadas a lo largo de los ocho días de huelga impiden saber quienes son Los buenos y los malos en esta historia: ¿los sindicatos?, ¿las patronales?, ¿el Gobierno Vasco? Lo único cierto es que se debe dar algún paso para poner fin a La espiral de bloqueo y el conflicto no degenere en una huelga indefinida. Parece que la semana que viene los sindicatos moverán ficha, tras analizar las consecuencias de la huelga de las últimas dos semanas.

Sindicatos La situación es verdaderamente endiablada porque todas las partes tienen argumentos que les cargan de poderosas razones para mantener su postura. Los 9.000 profesores acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 12% tras diez años con el mismo convenio, que es la raíz de la posición maximalista que mantienen ahora. La historia arranca en 2010, cuando Kristau Eskola intentó cargar a los docentes el recorte en el concierto educativo que aplicó el Gobierno Vasco -con Patxi López- por la crisis, pero el Tribunal Superior y el Supremo fallaron en contra de la patronal. En resumen, lo que la justicia dictó es que en Euskadi no se podía aplicar el convenio estatal. En 2013 los trabajadores renunciaron a seguir pleiteando -con todo a su favor- y aceptaron las condiciones del pago de la deuda acumulada con ellos (18 millones de euros) a condición de que se abriese la mesa para negociar un convenio vasco. Y esa mesa ni está, ni se la espera. He ahí una de las claves que expica la beligerancia sindical, la falta de correspondencia patronal al esfuerzo realizado por la platilla durante los últimos años. Luego están las altas cargas de trabajo y demás.

Patronal Por los mismos motivos, Kristau Eskola (KE) ha dicho que su organización ha llegado a su “máximo” sin poner en riesgo la viabilidad de los centros. Entre otras mejoras, la última propuesta incluye una subida salarial “superior” a la contemplada en la función pública, un compromiso para acordar las fechas para la finalización del pago de la deuda y un acuerdo para mantener el empleo derivado del cierre de aulas debido al descenso de la natalidad. En un arranque de sinceridad, el director general de KE, Mikel Ormazabal, afirmó públicamente que las reivindicaciones sindicales “pueden ser comprensibles”, pero que darles respuesta “exige una financiación”. Financiación pública, cabría añadir.

KE lleva años denunciado la “infrafinanciación” que padece la red concertada ya que el 66% de los fondos del Gobierno Vasco van a la red pública y un 33% a la concertada, aunque ambas redes se reparten prácticamente la mitad del alumnado. Pero claro, en la ecuación de Ormazabal no entra el gasto privado que realizan las familias que llevan a sus hijos a colegios concertados, vía cuotas. Euskadi es donde los hogares realizan mayor gasto en enseñanza a pesar de que es la comunidad que más invierte por estudiante: 8.976 euros, frente a los 5.529 euros de media en el Estado. Ormazabal aseguró en una entrevista concedida a DNA que KE estaría dispuesta a renunciar a las cuotas que cobran a las familias si el Gobierno Vasco subiese la financiación un 25%, según sus estimaciones. Y por qué no decirlo, también según las estimaciones que manejan las ikastolas puesto que en este punto van de la mano con KE.

El pasado lunes, KE recuperó este argumento y aseguró en una declaración institucional que la solución al conflicto actual pasa por que el Gobierno Vasco reconozca el “servicio público” que presta la red concertada y una financiación “adecuada al coste real”. Dicho en plata, que la futura Ley Vasca de Educación incluya o de pie a modificar el sistema de financiación de todo el sistema educativo de modo que todos los centros -independientemente de su titularidad- reciban los mismos fondos públicos en función del servicio que prestan.

Gobierno Vasco Este planteamiento en el que KE mezcla -deliberadamente o no- un problema exclusivamente laboral con el debate abierto sobre la Ley Vasca de Educación coloca en una posición muy incómoda al Gobierno Vasco por motivos evidentes, políticos y de paz social entre los agentes que defienden la red pública. Hasta el momento el Departamento de Educación ha hecho numerosos llamamientos para sacar el conflicto de las aulas. Ha mostrado su preocupación por el perjuicio ocasionado al alumnado y sus familias. Y también se ha negado a mediar porque entiende que quienes deben sentarse a negociar para resolver el conflicto laboral son los sindicatos y las patronales, puesto que no es solo un problema de financiación. En este sentido, el Gabinete de Cristina Uriarte defiende que los fondos públicos que recibe KE vienen definidos en la concertación educativa, la misma que perciben las ikastolas, que antes de navidades llegaron a un acuerdo para renovar su convenio colectivo. Esto demostraría que el acuerdo es posible. Y aquí entran en escena las diferentes estrategias de lucha diseñadas por la mayoría sindical en las ikastolas (LAB) y en el resto del sector (ELA), un factor nada baladí para calibrar el statu quo que viven los colegios religiosos.

No aceptar el papel de mediación no significa desinterés o desidia por parte del Gobierno en el problema. Argumenta que desde hace tiempo lleva trabajando en mejoras de las condiciones de todo el sistema, como el incremento de la financiación de los conciertos un 3,2% (hasta los 643,3 millones de euros), la homologación salarial en los distintos ciclos de ESO o la mejora salarial del profesorado. Sin embargo, todas estas medidas se vieron frustradas al decaer los Presupuestos de 2019 en diciembre por falta de una mayoría suficiente en el Parlamento de Gasteiz. Aun así, en vísperas del inicio de la huelga el Ejecutivo anunció un proyecto de ley para actualizar los conciertos educativos de modo que se traslade al personal de los colegios concertados el incremento salarial del 2,25% que se quiere aplicar al profesorado de la red pública. Estas son las piezas del tablero de un juego en el que las familias y los estudiantes se han visto atrapados a la espera del siguiente movimiento. ¿Y ahora qué?

La trastienda. Las dos últimas semanas no se convocado la Mesa de Negociación del convenio colectivo de los 9.000 docentes de los 215 colegios concertados de Kristau Eskola, AICE e Ikasgiltza. Esto no quiere decir que las partes no hayan mantenido contactos discretos, que no han trascendido a la opinión pública, encaminados a intentar desbloquear el conflicto. Su contenido a día de hoy es una incógnita, pero la semana que viene puede ser determinante para conocer los resultados de esas conversaciones privadas.