altsasu - A tres días de la que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional revise la sentencia que condenó a penas de entre 13 y 2 años de cárcel a los ocho jóvenes de Altsasu acusados de participar en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016, cientos de personas volvieron ayer a reclamar justicia en esta localidad de Sakana. “Desde una perspectiva objetiva y ceñida a la realidad, la única decisión admisible es la libertad de todas las personas imputadas”, señaló Fernanda Jorge, encargada de leer el texto junto con Julene Zelaia. “La respuesta amplia, plural y contundente nos demuestra que la sociedad no se ha creído este relato a todas luces construido”, destacó. “La manifestación tras conocerse la sentencia, la más concurrida de la larga historia de Navarra, es la evidencia de ello. Esta realidad nos da luz y calor en este frío y ya largo túnel”, incidió.

Después de retrasarse unos días tras admitirse pruebas testificales solicitadas por las defensa, la vista será los días 23 y 24 de enero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, la misma donde se celebró el juicio el pasado abril, entonces en la sección primera de lo Penal. La sentencia fue conocida en junio, con los agravantes de abuso de superioridad y de odio al tiempo que se consideró probado que los acusados actuaron “por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos”, pero se descartó que fuera de carácter terrorista, como pretendía la Fiscalía, que pidió penas de entre 12 años y 62 años de cárcel por delitos de amenazas y lesiones terroristas o, alternativamente, entre 6 y 17 años manteniendo solo un delito de terrorismo y desórdenes públicos. Así, el fallo fue recurrido por las defensa de los ocho condenados por considerar desproporcionadas las penas impuestas y también por la Fiscalía, que continúa con la acusación de terrorismo.

RECUSACIÓN El tribunal estará formado por José Ramón Navarro, que actuará como ponente, y los jueces Eloy Velasco y Enrique López, magistrados que fueron recusados por seis de los acusados porque habían sido condecorados con la orden del mérito de la Guardia Civil y en el caso de Velasco, por unas declaraciones que hizo en un acto de Covite. Además de desestimar que se apartara a estos tres jueces, la Sala especial del artículo 69 de la LOPJ que resolvió el incidente de recusación decidió imponer una multa de 600 euros a cada uno, 3.600 euros en total así como el abono de las costas del procedimiento por apreciar “mala fe”.

Al respecto, Jorge y Saldaña señalaron que “los vínculos de jueces y juezas con la Guardia Civil está omnipresente en todo este caso; como parte acusadora, como parte investigadora y como parte juzgadora”. Asimismo, incidieron en que “desde su inicio no eran los hechos, ni la realidad, lo que ha motivado todo este proceso, sino su utilización política. Así lo demuestran los más de 9.000 casos similares ocurridos en ese mismo año y que el de Altsasu se haya convertido en razón de estado”.

801 DÍAS DE PRISIÓN Cuando dé comienzo la vista este próximo miércoles, tres de los jóvenes habrán cumplido 801 días de prisión. Otros cuatro sumarán 229 días. Después de pasar por varías cárceles, en la actualidad los siete se encuentran en la prisión de Zaballa, próxima a Vitoria. “Este caso está siendo claramente utilizado para tratar de influir en la situación política, y, de paso, criminalizarnos, llevándose por delante la vida de nuestros jóvenes”, señalaron. “Más de dos años de cárcel, de sufrimiento, de negación de la realidad, manteniendo sin pudor esta injusticia. ¡Ya basta!”, incidieron.