VITORIA - El asesinato de Laura Luelmo ha vuelto a agitar el debate político en torno a la prisión permanente revisable. Como ocurrió tras los asesinatos del niño Gabriel o de Diana Quer, el crimen de Huelva ha resucitado una discusión que había quedado congelada en el Congreso.

El pasado marzo, con el PP en el Gobierno, el pleno del la Cámara Baja comenzó a tramitar una proposición de ley del PNV para derogar esa controvertida pena, que ha sido aplicada en cinco casos en España.

Desde la tribuna del hemiciclo, los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mari Luz Cortés y familiares de Yeremi Vargas presenciaron un agrio debate en torno a una medida que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 y que fue incluida en el Código Penal finalmente en 2015 sólo con apoyo del PP.

El 30 de junio de ese año, en vísperas de su entrada en vigor, la oposición en bloque recurrió ante el Constitucional la que es desde entonces la máxima pena privativa de libertad para delitos especialmente graves.

Son ocho los supuestos: el asesinato de menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable; el cometido junto a un delito sexual; cuando el asesino pertenece a un grupo u organización criminal; el asesinato múltiple; matar al rey, la reina o al príncipe o princesa de Asturias; matar a un jefe de Estado extranjero; y el genocidio y los crímenes para la humanidad. Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

El PP no sólo sigue defendiendo este castigo, sino que apuesta por ampliarlo a nuevos supuestos, como los casos en los que los condenados hayan intentado ocultar el cadáver o no colaboran en su hallazgo; el secuestro que acabe en asesinato; los incendios en los que se ponen vidas en peligro; o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte. Ciudadanos, por su parte, aboga por dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios de los reclusos condenados a prisión permanente revisable, para evitar, por ejemplo, que pasen al tercer grado antes de cumplir de forma efectiva 20 años de cárcel o que tenga salidas antes de los 15 años.

Aunque muchos colectivos que censuran este castigo confiaron en su pronta derogación con la llegada del PSOE a la Moncloa, el Ejecutivo ha decidido esperar. Los tiempos de ese tribunal son inciertos y el recurso contra la prisión permanente revisable, con la firma socialista, llegó a ese organismo hace ya tres años y medio.

La pena máxima se ha impuesto este año cuatro veces, después de castigar con ella en 2017 al parricida de Moraña, que mató a sus dos hijas. En 2018 han sido condenados el asesino de un bebé en 2016 en Vitoria, un hombre que mató su hijo de 11 años en A Coruña, un joven que asesinó en Tenerife al abuelo de su exnovia y Patrick Nogueira por asesinar a sus tíos y sus primos en Pioz (Guadalajara). - DNA