Gasteiz - El jefe de la Sección de Derechos Ciudadanos de la Ertzaintza, Aitor Larrea, alertó ayer del aumento de los delitos de odio en Euskadi, donde en 2017 se registraron 129, de los cuales 71 eran por racismo y siete por religión. Larrea participó en una jornada celebrada en Gasteiz en la que se expuso el trabajo que realiza la Policía vasca con estos colectivos para prevenir delitos y fomentar su integración en la sociedad.

El subcomisario, responsable desde hace siete años de esta área que desarrolla el protocolo de actuación contra los delitos de odio, recordó que la Er-tzaintza incorporó a sus actuaciones las recomendaciones de las instituciones europeas sobre estos delitos, lo que se tradujo en la puesta en marcha en 2013 de un registro de denuncias. “Antes de 2011 había un panorama general de desconocimiento de datos, no solo en la Ertzaintza sino en España y otros países europeos, y estos delitos eran prácticamente invisibles, no se contemplaba la posible motivación del odio”, precisó Larrea. Así, en las denuncias se incorporó la obligación de detallar la motivación de los delitos considerados de odio “para conocer las discriminaciones y las victimizaciones”, y se estableció un control de las propias actuaciones policiales para evitar actitudes inadecuadas.

“Antes de 2014 los datos de delitos de odio eran mínimos, con ocho delitos en 2011, cinco en 2012 y seis en 2013”. A partir de esa fecha, al poner en marcha el nuevo sistema de registro se detectan y contabilizan muchas más denuncias, con un “repunte” en 2015, y en “más del 50% de los casos vinculadas a etnia, raza o procedencia”, destacó Larrea.

Aún y todo, la Ertzaintza sabe que “hay una cifra oculta de delitos” que no llegan a ser denunciados, y con este fin trabaja con colectivos sociales para que las víctimas decidan denunciar estas discriminaciones. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, puso en valor los diferentes programas de colaboración que desarrolla la Policía vasca con minorías étnicas para evitar que se produzcan vulneraciones de derechos. - Efe