GASTEIZ. La oficina de la Ararteko ha hecho pública hoy una resolución en la que recomienda al departamento que dirige Beatriz Artolazabal que revise la decisión en la que acordó extinguir la RGI y la PCV a esta mujer y en la que se le reclamó la devolución de 9.088 euros en ayudas dadas entre junio de 2012 y mayo de 2013, ya que considera que en este caso existía "una causa justificada" para que la mujer rechazara uno de los empleos.
La mujer fue diagnosticada de diabetes gestacional en el Hospital de Cruces y en una de las casas en las que trabajaba se dio de baja en junio de 2012 y en la otra en agosto de 2012. El parto tuvo lugar en noviembre de 2012 por cesárea.
Lanbide al conocer la baja voluntaria acordó la extinción de las prestaciones e inició un procedimiento de reclamación de prestaciones por las cantidades abonadas en concepto de RGI y PCV durante ese año.
La mujer no presentó recurso frente a la resolución de extinción, pero sí se opuso al procedimiento de reclamación de prestaciones. Las alegaciones que presentó hicieron referencia a las dificultades derivadas de su situación de embarazo de riesgo, según recuerda el Ararteko
Ahora, esta institución considera que las alegaciones deberían haberse tomado en consideración y estimar que existía causa justificada para rechazar uno de los empleos. El Ararteko estima que Lanbide "no ha ponderado adecuadamente" que la mujer se vio impelida a rechazar, a consecuencia de su estado, uno de los empleos que tenía.
También recuerda que el embarazo de alto riesgo que tenía quedó confirmado por la necesidad de llevar a cabo una cesárea y que la mujer acreditó su voluntad de trabajar pues mantuvo uno de los empleos durante más tiempo.
"El rechazo a uno de los empleos estuvo plenamente justificado por la necesidad imperiosa de hacer frente a su delicado estado de salud", incide el Ararteko, que cuestiona la "arbitrariedad" de la decisión de Lanbide y subraya que afectó a una familia que acababa de tener un bebé y que tenía otro menor a su cargo.
Por ello, el Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise las resoluciones por las que acuerda la extinción y la reclamación de las prestaciones de RGI y PCV ya que, a juicio de esta institución, existió una causa justificada para que la reclamante rechazara uno de los empleos por encontrarse embarazada en situación de riesgo obstétrico alto.