MADRID. Otro dato destacado por la Fiscalía en su informe es la frecuencia creciente con que se utilizan las tecnologías como medio para canalizar el hostigamiento, la humillación, la persecución, la coacción, el acoso o el ejercicio del control sobre otros y por ende para atentar contra la libertad de las personas.

La Fiscalía destaca en su Memoria relativa a 2017, hecha pública este lunes con ocasión de la apertura del año judicial, que vivimos en una sociedad digital y que casi todo lo que hacemos está programado por un sistema informático o se transmite a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las indudables ventajas que ofrecen estos medios se convierten, según advierte, en "riesgos que nos colocan en una posición de víctimas potenciales de un uso inadecuado de los mismos".

Las cifras ofrecidas en esta Memoria dan cuenta del mantenimiento de una tendencia a la baja en la incoación de procedimientos judiciales. En el año 2017 se incoaron en el conjunto del Estado un totalde 6.676 procedimientos judiciales por ese tipo de delitos, lo que supone un descenso del 16,91%, en relación con las 8.035 causas incoadas en el año 2016.

CHATS DE PADRES

La Fiscalía General del Estado ha advertido del uso de chats por parte de los padres en los que "se falta el respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa". En este sentido, el Ministerio Público incide, en su memoria anual, en la importancia de la prevención y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, que "no debe restringirse a los menores, sino también a los padres".

En cuanto acoso escolar, la Fiscalía ha detectado un descenso de las denuncias tras los incrementos registrados en 2015 y 2016, aunque admite que, "a menudo, los actos de acoso tienen lugar como consecuencia de un mal uso de las TIC".

Concretamente, hace mención al caso de la red social Instagram, "el medio que más gusta a los jóvenes que se siente más integrados cuántos más seguidores y 'likes' alcanzan". En este sentido, el departamento que dirige María José Segarra, ha alertado del riesgo de una "desviada utilización" de la citada red que "lleva a alterar perfiles, subir fotos y videos no consentidos, enviar mensajes de contenido sexual y degradante".

En este sentido, ha precisado que en algunos casos estas conductas las cometen "menores de catorce años cuyos padres no tienen ningún control sobre los dispositivos electrónicos de sus hijos" y refiere que, en casos de acoso escolar, "se ha tenido noticia de chats de padres donde se falta al respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa".

En casos en los que se ha descubierto un mal uso de las nuevas tecnologías por parte de menores investigados, la Fiscalía ha solicitado medidas de libertad vigilada, que incluían reglas directamente dirigidas al control el buen uso de las TIC. Aparte de esas conductas, se han empezado a detectar más casos de menores implicados en distintas modalidades de estafas cometidas por Internet, sobre todo compras fraudulentas.

ACOSO ESCOLAR

En cuanto al acoso escolar, el ministerio público ha observado en 2017, tras los incrementos de denuncias en 2015 y 2016, un descenso de las denuncias. Concretamente, en Madrid se ha pasado de 230 a 192 y esta tendencia se ha constatado también por otras fiscalías como la de Sevilla o Valladolid. Además, gran parte de las diligencias se archivan por ser los denunciados menores de edad inferior a catorce años --42,19 % en Madrid, o más del 50 % en Navarra y otros lugares--.

Lo que si se ha detectado son denuncias contra niños de muy corta edad, "por conflictos carentes de relevancia jurídico penal" que, en la mayoría de los casos y en opinión del ministerio público, "no revisten gravedad, tratándose de conductas puntuales".

La institución entiende que esto "no se óbice" para que las denuncias por acoso escolar resulten "asuntos complejos", debido a que "en ocasiones los padres de los denunciantes magnifican los hechos y los acosados responden con insultos a los acosadores; mientras que los padres de los denunciados no admiten la responsabilidad de sus hijos y éstos no tienen conciencia de ser responsables de los hechos".

Según el Ministerio Público, los factores apuntados determinan que las soluciones extrajudiciales del art. 19 LORPM (conciliación y reparación) "siguen siendo la mejor vía de salida a estos conflictos", ya que el menor denunciado "recibe su reproche, evitando que reitere sus conductas y se sortea la vista penal, con la victimización secundaria que puede suponer para los acosados".