Madrid - La Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) cargó ayer con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez por querer impugnar su inscripción como sindicato y afirmó que es “de plena justicia” que este colectivo profesional reivindique sus derechos laborales, “ni uno más que el resto de trabajadores”, pero tampoco “ni uno menos”.
“Es posible que a algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren -tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués- que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia”, señalaron.
La inscripción del sindicato se produjo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de agosto, sin embargo, la ministra Magdalena Valerio admitió el jueves que le habían “colado un gol por la escuadra” y expresó su intención de declararlo nulo.
Según sostiene Otras, para las trabajadoras sexuales los derechos laborales “se han convertido en una utopía”. “Intentar que el empresario te contrate, que puedas acceder a bajas por enfermedad o maternidad, un sueldo a final de mes, vacaciones y una jubilación impensable”, lamenta la organización.
“El feminismo abolicionista esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales que podría comprenderse si no fuera porque los derechos los merecemos todas y no solo unas cuantas privilegiadas”, argumenta el sindicato.
Asimismo, se pregunta “a quién beneficia que las mujeres y hombres que trabajar” en este sector “carezcan sistemáticamente de derechos laborales”, e insiste en reivindicar la creación de un sindicato para el colectivo. “Trabajo sexual es trabajo”, subrayan. “Merecemos todo el reconocimiento y respeto por parte de las instituciones, les guste nuestro trabajo o no. Nosotras no somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas que sabemos lucha por lo que queremos, dentro de la legalidad establecida y buscando el bienestar de todas aquellas personas que insisten en estigmatizarnos, criminalizarnos y mantenernos en los márgenes”, concluye.
Por su parte, La secretaria general de Otras, Concha Borrell, declaró que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez debería “dimitir en bloque”, dado el rechazo a la creación de esta nueva organización y “por no entender qué es un trabajo”. “Nos hemos organizado como mujeres librepensadoras. No somos sujetos pasivos. Somos las mujeres más castigadas socialmente y no podemos tener los mismos derechos que los demás. Las trabajadoras sexuales merecemos todo respeto. Quieren mantenernos al margen de la sociedad”, declaró Borrell.
El Gobierno ve fácil la anulación Por su parte, el Gobierno afirmó ayer que no ve “difícil” anular el nuevo sindicato. La ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el Ejecutivo “no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo”. “La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos”, aseveró la ministra, que ha detallado que la vía rápida será “la nulidad de pleno derecho para revocar” el sindicato.
Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá dijo que “efectivamente se trata de una actividad no regulada en España”, pero matizó que el Gobierno no trató en la reunión de ayer este asunto en su reunión, por lo que consideró que sería “una ligereza” pronunciarse. - DNA/E.P.