Bilbao - La organización Proactiva Open Arms, que hace una semana rescató frente a Libia y ayer desembarcó en San Roque (Cádiz) 87 inmigrantes, ha denunciado que se están incumpliendo las normas internacionales en rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. Estas normas establecen que los náufragos y personas rescatadas en situaciones que hayan puesto en peligro su vida sean trasladados a un puerto seguro en el menor tiempo posible, según señaló ayer tras el desembarque el jefe de operaciones de Open Arms, Ricardo Gatti.

Los representantes de la ONG criticaron “la nula cooperación” de los gobiernos de Italia, Túnez, Malta o Libia en la gestión del rescate de los 87 hombres que han viajado durante más de una semana a bordo del Open Arms y que en el momento de ser rescatados aseguraron que preferían morir en el mar a ser devueltos a Libia.

Gatti aseguró que, si en vez de inmigrantes africanos indocumentados se tratara de náufragos de veleros, cruceros o ferrys no se procedería del mismo modo y se facilitaría el transporte de estas personas al puerto seguro más próximo. Por este motivo la ONG ha denunciado en un juzgado de Palma de Mallorca a los guardacostas libios y al mercante Triades, de bandera gibraltareña, a los que acusa de haber abandonado a las tres personas -dos ya cadáveres y una mujer superviviente- a las que rescató también frente a Libia el 16 de julio.

Los 87 inmigrantes desembarcados ayer en San Roque y albergados en unas nuevas instalaciones son todos varones, doce de ellos menores de edad, y la mitad de éstos han salido de su país sin la compañía de ningún adulto. Todos están bien pero, matizaron los responsables de Open Arms, “relativamente bien” porque cuando fueron rescatados el jueves de la semana pasada ya llevaban dos días en una barca, algunos casi deshidratados, y al verles venir y tomarlos por libios se tiraron al agua asegurando que preferían morir a ser devueltos a ese país.

Procedentes de Sudán Los 87 proceden de Sudán y Sudán del Sur, salvo un egipcio, un sirio y otro de Gambia. Todos fueron atendidos por Cruz Roja en cuanto pusieron los pies en tierra para luego pasar el trámite habitual de extranjería con la Policía Española. Proactiva Open Arms aseguró que muchos provienen del “infierno de Darfour”, una región del oeste de Sudán inmersa en una guerra civil desde hace 15 años.

Los responsables de la ONG que les ha rescatado aseguraron que los inmigrantes no entran en detalles al referir los maltratos y extorsiones de que han sido objeto en Libia y que les costó creer que no iban a ser devueltos a ese país, mientras que de los adolescentes dijeron que algunos eran niños cuando emprendieron este viaje que dura un mínimo de dos años y que su máxima aspiración es llegar a un lugar -en este caso Europa- en el que su vida no corra peligro.

Por otro lado, fuentes del Palacio del Elíseo confirmaron ayer que Francia acogerá a unos 20 inmigrantes de los 87 rescatados. La actuación del Gobierno francés responde a un espíritu de “solidaridad europea, dada la situación que vive España, confrontada con una llegada importante de inmigrantes, y en concordancia con las conclusiones del Consejo Europeo de junio”, precisó la fuente.

Una delegación de la Ofpra (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas) se desplazará a España “lo más rápido posible” para proceder a la identificación de refugiados. El gesto se repite dos meses después del desembarco del Aquarius -otro navío gestionado por las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras- con 629 migrantes en el puerto de Valencia, cuando Francia envió a trabajadores de la oficina que gestiona las demandas de asilo y acogió a 78 refugiados en su territorio.

La organización SOS Racismo de Bizkaia denuncia que algunas sucursales de bancos ponen condiciones imposibles de cumplir a inmigrantes irregulares que quieren abrir una cuenta, un requisito “imprescindible” para regularizar su situación y acceder a ayudas de emergencia.

“No poder abrir una cuenta bancaria es una barrera más para ese colectivo, ya de por sí vulnerable, y constituye un ataque cruel a su dignidad y a su lucha diaria por la supervivencia”, señala SOS Racismo, que “exige” a las autoridades competentes “una intervención rápida”.