MADRID. La presidenta de la Asociación Bebés Robados de Murcia, Inés Madrigal, ha explicado que el procedimiento, el primero que se celebra en el país sobre esta materia, supone un "día importante", pero también una situación "agridulce" porque, para llegar hasta este momento "se han archivado más de 2.000 casos en toda España".
Para Madrigal, lo principal para los afectados son "los reencuentros" y "las búsquedas" que, según ha lamentado, no se están realizando. "Se están produciendo pocos encuentros y nuestras búsquedas tienen una fecha de caducidad porque los ascendentes, los que buscan hijos, son personas de edad avanzada y se mueren", ha declarado ante los medios a su llegada a la Cámara Baja.
Por ello, ha pedido a las autoridades que promuevan "alguna ley" consensuada "para que policía y jueces se pongan a investigar y haya un cruce de datos". Según ha indicado, necesitan un "banco de datos gratuito de toxicología en donde se hagan pruebas fiables".
PODEMOS LLAMA AL CONSENSO
Las asociaciones han participado en unas jornadas en el Congreso con las que buscan "concienciar", según ha indicado la presidenta de la asociación de Murcia, que se ha mostrado "muy agradecida" con el grupo parlamentario de Unidos Podemos, organizador de las mismas.
El portavoz del grupo confederal en esta materia, David Carracedo, ha apoyado la propuesta de ley que reclaman las víctimas pero, mientras este texto se pone en marcha, ve necesaria una comisión de investigación sobre el tema en el Congreso.
"Vamos a invitar a todos los partidos a que se sumen y que, entre todos, ante una cuestión que es de derechos humanos básica, seamos capaces de ponernos de acuerdo y poner solución a un drama que ya lleva mucho tiempo, puesto que estamos con denuncias que llegan hasta el año 2001, que es un drama de gente que lleva toda la vida buscándose y que tiene que tener una solución por parte del Estado, ya", ha declarado el diputado.
Además, ha apuntado que su formación seguirá insistiendo ante el nuevo Gobierno, como ya hicieron con el anterior, la necesidad de un blanco de ADN fiable y gratuito, con una unidad policial con recuersos y un fiscal coordinador de los casos.