MADRID. Los ingresos medios anuales de un hogar español son de 27.558 euros, con datos de 2017, tras aumentar el 3,1 % respecto al año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja una mejoría en casi todos los indicadores de pobreza.

A pesar de ello, el 37,3 % de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 34,4 % no puede ir de vacaciones ni una semana al año, el 9,3 % llega a fin de mes con "mucha dificultad" y el 7,4 % no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad, porcentajes que se han reducido entre uno y cinco puntos.

Aunque siguen siendo muchos los ciudadanos que viven en situación de riesgo de pobreza, el porcentaje se ha reducido en siete décimas en un año en el que los ingresos medios por persona subieron un 3,4 %.

El "riesgo de pobreza", explica Estadística, mide desigualdad, no pobreza absoluta, es decir, cuántas personas tienen menos ingresos que el conjunto de la población.

De modo que en 2017, según cálculos para toda Europa, el riesgo de pobreza para los hogares de una persona se ha fijado en 8.522 euros anuales, y en 17.896 para los integrados por dos adultos y dos menores de 14 años.

Si se imputa a cada hogar un cálculo aproximado de un pago mensual de alquiler o hipoteca por cada miembro, la tasa de pobreza se reduce al 19,7 % (ya que en España hay muchas viviendas en propiedad), al 8,9 % para los mayores de 65 (en su mayoría propietarios) y al 28,3 % para los menores de 16 años.

Pese a la mejoría de muchos de los indicadores económicos y el descenso del riesgo de pobreza entre el grupo de entre 16 y 64 años (1,4 puntos menos) y de los menores de 16 años (0,8), el de los mayores de 65 años ha repuntado 1,8 puntos.

Además, el porcentaje de españoles que vive en riesgo de pobreza se eleva al 26,6 % (1,3 puntos menos que en 2016) si se utiliza el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la UE.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo y la carencia material severa, como no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder tener coche, calefacción, o lavadora, o no disponer de 700 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

En su estadística, el INE ha dividido a la población española en cinco grupos o "quintiles" (cada uno contiene al 20 % de los ciudadanos) en función de sus ingresos.

Y de este reparto se desprende que el 41,6 % de la población con educación superior esta en el quinto quintil (el de mayores ingresos), mientras que el 42,2 % de los parados pertenece en el primer quintil.

Por nacionalidad, el 16,6 % de los españoles está en el grupo de menores ingresos, un porcentaje que es del 36,1 % para los extranjeros de la UE y del 48,6 % para los ciudadanos de otras nacionalidades.

Por tamaño de hogar, en el quintil más pobre, están el 36 % de los hogares con cinco o más miembros, mientras que al más rico sólo pertenecen el 11,7 % de estas familias.

La tasa de riesgo de pobreza también se puede desagregar en función del nivel de estudios o el tipo de hogar, lo que refleja mayor pobreza entre los menos formados y en las familias con niños dependientes.

Así, el 27,1 % de quienes sólo tienen un nivel educativo equivalente a la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) estaba en riesgo de pobreza en 2017.

Un porcentaje que baja al 9,7 % entre quienes han cursado educación superior.

Por tipo de hogar, el 40,6 % de los hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo está en riesgo de pobreza, y se reduce al 16,3 % en los hogares de dos adultos sin niños dependientes.

También el 44,6 % de los parados y el 13,1 de los jubilados está en riesgo de pobreza.

El porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza es del 18 % para los españoles, del 39,2 % para los extranjeros de la UE y del 52,1 % para quienes no pertenecen a la UE.

Por comunidades autónomas las tasas de riesgo de pobreza más elevadas son las de Extremadura (38,9 %), Andalucía (31 %) y Canarias (30,5 %) y las más bajas las de Navarra (8,3 %), País Vasco y La Rioja (9,7 %).