VITORIA - Las instituciones y las entidades sociales vascas se están organizando para “dar respuesta a la exigencia humanitaria” que plantea el buque Aquarius y la inminente llegada a las costas españolas de 629 personas, y, en concreto, para preparar la acogida de un décima parte de esas personas. Ayer se reunió en la sede de Lehendakaritza la Comisión Interinstitucional Social para la acogida e integración de personas refugiadas, que está integrada por representantes del Gobierno Vasco, las diputaciones forales, Eudel y las organizaciones CEAR, Cruz Roja, Accem, MPDL, Cáritas y Fundación Ellacuría. La comisión comenzó los trabajos para articular una respuesta eficiente y coordinada ante la posible llegada a Euskadi de parte de los migrantes rescatados por el barco Aquarius y que ahora se dirigen al puerto de Valencia en tres buques, y materializar de esta manera el ofrecimiento realizado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de acoger a un diez por ciento de ellos.

Al término de la reunión de la comisión, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, señaló que dar respuesta a la crisis generada por la negativa de Italia y Malta a permitir el desembarco de las personas rescatada por el Aquarius es un “imperativo humanitario” al que “se debe responder” y espera que esta acogida genere un “aldabonazo en Europa que remueva las inercias y falta de respuesta que plantean las instituciones europeas y muchos de los Estados europeos”.

Jonan Fernández recordó que esta comisión trabaja de manera constante desde enero de 2017 para dar respuestas de acogida a inmigrantes “y no solo a golpe de espasmo o de interés por circunstancias como la del Aquarius”.

De momento, según explicó Fernández, el Gobierno Vasco dispone de poca información y desconoce tanto el número de refugiados que podrían recalar en Euskadi como las fechas de esta posible llegada, ya que es “muy difícil” prever estos detalles porque la información de la que se dispone está “muy fragmentada” y hay “muchas incertidumbres abiertas”.

Según las últimas informaciones, se espera que los migrantes que viajan en el Aquarius y en otros dos navíos italianos lleguen a Valencia el sábado, pero hay cierta preocupación por las condiciones climáticas y el estado del mar. Fuentes de Médicos sin Fronteras señalaron ayer que en lo que resta de travesía esperan lluvia, olas de hasta cuatro metros y vientos de 35 nudos, lo que podría retrasar la llegada a puerto.

Tres escenarios Ante la actual ausencia de datos fidedignos, la Comisión interinstitucional ha optado por trabajar simultáneamente con tres escenarios posibles. El primero consiste en preparar la respuesta necesaria ante el supuesto de que Euskadi reciba a un grupo grande en un plazo corto de tiempo, lo que implica habilitar dispositivos de vivienda y de acogida inmediata.

El segundo escenario adelanta la posibilidad de que la llegada sea “escalonada y con grupos pequeños”, lo que supone preparar otros dispositivos de acogida inicial, teniendo en cuenta las posibilidades que hay en cada territorio histórico y en los distintos municipios. Y el tercer escenario plantea la necesidad de dar respuesta a situaciones de emergencia humanitaria o de personas que presentan casos de “especial necesidad” de asistencia sanitaria, psicológica o de otro tipo, lo que requiere tener preparados diferentes recursos.

En cuanto a la situación legal de los inmigrantes, el Gobierno español ha afirmado que autorizará la entrada de las 629 personas rescatadas por el Aquarius por razones humanitarias, a pesar de que muchos no reúnan los requisitos de entrada establecidos por la ley de Extranjería. El Ejecutivo garantizará el acceso al procedimiento de asilo -o protección internacional- de todos los que desembarcarán. Si se admite su petición de asilo, se procederá a confirmar si son merecedores de recibir el estatuto de refugiado, beneficiarse de protección subsidiaria, o bien, optar a otras formas de protección, como la autorización de residencia temporal por razones humanitarias. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez “no descarta” otorgar el estatuto de refugiado a los 629, aunque pidió “prudencia”.