el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a promover un pacto social que consolidara la financiación del sistema vasco de protección social y garantizar su sostenibilidad. Un sistema al que hay que reconocerle todo lo positivo que tiene. Un sistema que hace que nuestra sociedad sea mejor, con un esfuerzo económico (381 millones de euros) que ha posibilitado una mayor cohesión social, las tasas más bajas de pobreza y nos ha permitido aguantar mejor la crisis.
Pese a ello, el 31% de las personas, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza real no acceden al sistema, sistema que no está cuestionado por la ciudadanía vasca, que lo que reclama es una mejora en su gestión. Abordar la gestión es tan importante como acertar con el diseño.
Reconociendo que tenemos un buen sistema de protección social, lo que hay que denunciar es que vivamos en una sociedad que tanto necesita de ayudas. Esto debería hacer saltar todas las alarmas en otros ámbitos, sobre todo el laboral, pero no parece el caso. Las empresas no van a contratar en mejores condiciones que las peores condiciones que les permita la ley, por lo que si queremos ver menos situaciones de necesidad deberíamos centrarnos en mejorar dichas condiciones.
Los dos aspectos que en definitiva, deberían guiar la reforma son la extensión de su capacidad protectora y la mejora de su gestión.
Recientemente se ha presentado en el Parlamento Vasco una proposición de ley que supone un cambio de enfoque del sistema. Dudamos mucho de que el resultado final consiga extender la capacidad protectora del mismo, ya que sigue sin ser un derecho accesible con la mayoría de edad, lo que sitúa a Euskadi entre los países que permite el acceso a la Renta garantizada a una edad más tardía. Tampoco parece que reducir a una prestación por unidad convivencial y desvincularla del SMI para vincularla a un indicador de gastos mínimos cuyo valor se fijará anualmente en los presupuestos de nuestra comunidad vaya en la línea de proteger a más gente
Desde hace años hay presiones desde el ámbito empresarial para contener una RGI que supuestamente desincentiva la búsqueda de empleo. Pero los datos indican que no hay diferencias significativas entre la inserción laboral de los perceptores y del resto de desempleados. No hace falta decir cuál es el panorama de nuestro mercado laboral. Cada vez hay más trabajadores pobres (20% de los perceptores) y pensionistas (25% de los perceptores ) que necesitan complementar sus ingresos con una ayuda. Así se recoge en la última memoria socioeconómica del CES vasco, donde se encuentran representados los ámbitos económicos y sociales.
Mención aparte merece el sistema de estímulos al empleo. Es una materia que debiera ser acordada con los agentes sociales para evitar que se convierta en una subvención a los infraempleos.
La reforma es un ejercicio de reducción del gasto, buscando que las necesidades se adapten a la RGI en vez de que la RGI se adapte a las necesidades.
Es momento de mirar la RGI no como el problema sino como una solución y una oportunidad para combatir las problemáticas sociales y construir una sociedad cohesionada y con futuro, donde las personas que se ven obligadas a cobrar estas ayudas no sean criminalizadas ni culpabilizadas de la realidad que les ha tocado vivir.
