donostia - La plataforma Stop Desahucios de Euskadi se manifestó ayer en el Quiosco del Boulevard de Donostia para denunciar “la burbuja de alquiler” en Gipuzkoa y que el Gobierno Vasco “ha convertido la Ley de Vivienda en papel mojado”, lo que ha llevado “al drama a miles de familias vascas”, como la de Enara Coretti, madre de cuatro hijos, que ha conseguido “in extremis” un alquiler social cuando iba a ser desahuciada.

“Han sido tres meses volviéndonos locos y llamando a todas las puertas posibles sin éxito, pero por fin estamos viendo la luz”, afirmó Enara, tras la odisea que ha sufrido junto a sus cuatro hijos -tres de 10, 8 y 4 años y uno de 4 meses- durante las últimas semanas.

A comienzos de febrero, la dueña del piso en el que residían de alquiler en el barrio de Intxaurrondo les informó de que debían abandonar el domicilio antes del 31 de mayo. A pesar de que Enara llevaba al día el pago de la renta, la propietaria debía volver a su domicilio ya que también se encontraba de alquiler en un piso que iba a ser vendido.

“Me comunicaron que me tenía que ir de casa casi tras dar a luz; con un niño de tan solo 20 días. Era horrible”, aseguró esta mujer, quien hasta el aviso había subsistido con 1.065 euros de ingresos -entre RGI y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)-, de los que más de la mitad -650 euros- iban a parar mensualmente al pago del alquiler. “Es difícil decir cómo se puede vivir así. Apretándose mucho el cinturón y tirando para adelante. No hay más”, añadía al respecto casi sin palabras.

Enara llevaba años apuntada a Etxebide y Etxegintza esperando un alquiler social, por lo que no dudó en volver a ponerse en contacto con urgencia con los dos servicios ante esta situación. No obstante, ambos les dieron la misma respuesta: no había viviendas disponibles.

“Fuimos también al Ararteko y a los servicios sociales. Llamamos a todas las puertas posibles. Ya no sabíamos qué más hacer”, relató frustrada. Fue entonces cuando su tío, Germán, decidió ponerse en contacto con Stop Desahucios. “Ellos fueron los que nos dijeron que esta situación se podía denunciar públicamente; que con cuatro niños menores nadie nos diera una solución no podía ser”, contó Enara.

La concejala delegada de Acción Social del Ayuntamiento donostiarra, Aitziber San Miguel, se puso paralelamente en contacto con la familia para tratar de calmarla. “Nos dijo que pasara lo que pasase, no nos íbamos a ir a la calle. Han sido de mucha ayuda, pero en ese momento el tiempo apremiaba, el plazo estaba cerca y teníamos que dejar la casa. De las palabras había que pasar a los hechos, por lo que seguimos con la denuncia pública”, apuntó, al tiempo que añadía que, de este modo, esperaba poner rostro a otras familias que estuvieran en situaciones parecidas a la suya.

Finalmente, este mismo lunes le llamaron avisándole de que a partir del día 15 podría contar con una vivienda municipal a su disposición. “Estoy muy agradecida”, afirmó, explicando que hasta entonces continuará residiendo en la vivienda de alquiler.

“Espero que denunciar mi caso sirva para otras familias. Hay muchas que están en situaciones parecidas y no puede ser que tenga que pasar tanto tiempo de espera hasta que por fin les asignan una casa de alquiler social”, observó, por último, Enara.

reivindicaciones Stop Desahucios puso este caso como ejemplo del “drama en el que se encuentran miles de familias vascas” como consecuencia de “la ausencia del derecho a una propiedad de alquiler”. “El Gobierno Vasco está convirtiendo la Ley de Vivienda en papel mojado”, apuntaron, tras afirmar que los desahucios en el último año en Euskadi se han disparado en un 32%.

Según la plataforma, Gipuzkoa cuenta con el alquiler más caro de todo el Estado, lo que obliga “a miles y miles de familias a tener que aportar más del 50% de su presupuesto mensual al alquiler”. Stop Desahucios estima el alquiler medio en la capital guipuzcoana en 1.306 euros, el récord de toda Euskadi. “El derecho subjetivo a la vivienda ha sido sustituido por una PCV de 250 euros, que para muchas familias es insuficiente”, aseguraron.

Representantes de la plataforma trasladarán estas reivindicaciones, junto a la necesidad de nuevos pisos sociales, al consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en una reunión que mantendrán el próximo lunes.