recientemente despedíamos a José Ignacio Arrieta, exconsejero de Trabajo y Seguridad Social con el lehendakari Ardanza. Le recordamos, entre otras cosas, por haber sido el artífice de la puesta en marcha de lo que hoy conocemos como Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en aquellos años se denominó Ingreso Mínimo Familiar. Finalizaba la década de los 80 y Euskadi sufría los efectos de una profunda crisis económica. La preocupación por la pobreza, las desigualdades y la falta de empleo llevó a las instituciones vascas a articular una política de garantía básica de ingresos que hoy, casi treinta años después y oportunamente actualizada, representa un rasgo esencial de nuestro sistema de bienestar.
En aquel entonces, no tenían modelos de referencia, eran pioneros en articular una respuesta política a un problema, la marginación, que como decía el propio Arrieta, “no es un problema de quien la padece, sino de la sociedad”. Su pensamiento a favor de la justicia social y la solidaridad ha perdurado en el tiempo y hoy la sociedad vasca y sus representantes hacen suyos estos principios. La aprobación en febrero de 1989 del decreto que regulaba la concesión del Ingreso Mínimo familiar no estuvo exenta de críticas; acusaciones, como las de la entonces Ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que aseguró que esta prestación iba a consolidar la marginación de la población en edad laboral. Se hizo famosa su frase de “hay que dar la caña y no el pez”. Tres décadas después, comprobamos el gran acierto del Gobierno Ardanza y de quienes defendieron la garantía de ingresos como una política propia de País. La pobreza, lejos de lo que vaticinaba la ex ministra, se ha reducido y Euskadi es hoy el tercer país de Europa con menor tasa de riesgo de exclusión social, y por lo tanto, una de las sociedades más cohesionadas. Tenemos niveles de bienestar equiparables a los de los países más avanzados de la UE e invertimos en rentas de inserción el 42% del total del gasto del Estado. Eso sí, con todo un camino por delante.
Comenzamos en 1989 atendiendo a 8.000 familias (30.000 pesetas al mes) y hoy son 65.000 las unidades familiares beneficiarias. Comenzamos solos, y años después muchas comunidades autónomas nos siguieron con el firme propósito de romper las barreras de la desigualdad, aunque ninguna ha llegado a alcanzar los niveles de cobertura y protección que tenemos aquí. Hoy, igual que ayer, es cuestión de prioridades y las de este Gobierno están marcadas con claridad: hacer una sociedad más justa en la que nadie se quede atrás. El esfuerzo inversor que realiza el Gobierno Vasco para cumplir este fin es importante: al año destina a la Renta de Garantía 500 millones de euros, evitando que más de 132.000 personas sufran cada año situaciones de pobreza y haciendo posible que accedan convenientemente formados a un puesto de trabajo. Son unas cifras que nos demuestran que nuestros recursos son bien empleados y llegan a quienes realmente están en una situación de necesidad. El esfuerzo merece la pena y seguiremos apostando por aquellas políticas que permiten a las personas salir del sistema de protección para entrar en el mercado laboral. Porque no nos olvidemos de una cosa: la prioridad es la inserción laboral. Y nuestro esfuerzo debe ir dirigido a evitar la cronificación de sus perceptores y estimular su incorporación al mundo del trabajo. Pero mientras se les enseña a pescar y pescan, habrá que darles peces; mientras la economía no se recupere y no se creen suficientes empleos de calidad, habrá que continuar asegurando a las familias que lo necesiten un marco de protección adecuado.
La RGI, herramienta vital para la cohesión actual y futura de nuestra sociedad, está sometida a un proceso de reforma que persigue su actualización y mejora. Deseamos el máximo consenso para que este modelo, perfectamente alineado con el Pilar Social Europeo, siga colocándonos en la vanguardia de las políticas sociales.
