Precariedad y salarios de pobreza dan lugar a trabajadores que necesitan la RGI

Según un reciente informe de Fedea, aproximadamente el 4% de las personas en edad laboral de Euskadi están en riesgo de sufrir pobreza laboral, una situación determinada por circunstancias como trabajar solo unos meses al año o unas pocas horas a la semana, o contar con un empleo tan mal remunerado que no permite cubrir las necesidades básicas. En el caso de Euskadi, la existencia y el aumento de la pobreza laboral suponen que el acceso al empleo ha dejado de ser la puerta a la inclusión social y a unos derechos que garantizaban cierto nivel de bienestar y seguridad material. La Comisión Europea considera que la tasa de temporalidad del mercado laboral español es altísima y que los contratos temporales “restan derechos a los trabajadores y elevan el riesgo de pobreza”.

Y aunque esa tasa por la que el 4% de la población vasca en edad laboral está en riesgo de pobreza en el trabajo es la más baja del Estado e inferior a la media española, los expertos apuntan que es necesario atajar los factores que la generan y que básicamente consisten en tener unas condiciones laborales -precariedad y temporalidad- que impiden conseguir una retribución anual equivalente al salario mínimo.

La definición teórica dice que las personas en pobreza laboral son aquellas que tienen un empleo pero residen en hogares en riesgo de pobreza, es decir, en hogares cuya renta neta por unidad de consumo se encuentra por debajo del 60% de la mediana de la distribución de rentas netas por unidad de consumo del país o zona en la que estas personas residen. Tener unos ingresos por debajo del 60% de la renta media supone vivir por debajo del umbral de pobreza y, consecuentemente, padecer carencias materiales y cumplir con varios o todos los indicadores de riesgo de exclusión. Según el informe de Fedea, “el crecimiento del tamaño total del colectivo en riesgo de pobreza en el trabajo se explica por la salida del paro a un empleo que no permite aún obtener unos ingresos laborales superiores al salario mínimo”. Desde el sindicato UGT explican que “el fraude de ley por parte de las empresas en la contratación con el uso de contratos temporales para cubrir puestos indefinidos provoca que la tasa de temporalidad haya aumentado desde la aprobación de la reforma laboral” y que “la irrupción de nuevas figuras laborales, como empresas multiservicios, plataformas digitales y falsos autónomos están generando empleos aún más precarios”.

Con derecho a la RGI Según destaca Mikel Ruiz, “el hecho de que actualmente haya más de 12.000 personas con empleo que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una demostración clara de la existencia de pobreza laboral”. Ruiz, representante del Tercer Sector Social en el Consejo Económico y Social (CES) vasco, recuerda que en su última memoria este organismo alertó del aumento de la pobreza laboral en Euskadi entre los años 2014 y 2016 debido fundamentalmente a la precariedad, la temporalidad y la contratación a tiempo parcial. Una precariedad que afecta en mayor medida a los colectivos que más sufren las desigualdades: mujeres, jóvenes, personas con baja formación y trabajadores con ocupaciones de baja cualificación. Para avalar la relación directa entre la precariedad laboral y la pobreza, el CES vasco destaca que entre la población ocupada con empleo estable la pobreza laboral apenas supone un 1%, mientras que entre los trabajadores no estables, el porcentaje se eleva al 16%.

“Por primera vez en la etapa democrática del Estado español aflora la pobreza laboral y se ha roto el paradigma según el cual tener un trabajo permitía salir de la pobreza. Ahora, a diferencia de lo que conocíamos, hay personas con un empleo que entran en los indicadores de exclusión. En Euskadi lo vemos claro cuando un 30% de las personas que reciben la RGI tienen empleo y aún así cobran menos que esa ayuda y tienen derecho a recibir la diferencia. Además no tenemos constancia de que no haya otras muchas personas en esa situación que, pese a tener derecho, no han solicitado la RGI, por vergüenza o por otros motivos”, explica Mikel Ruiz.

“El aumento de la precariedad -añade el miembro del CES- se lo debemos en gran medida al PP y a su reforma laboral, con la que hemos visto cómo un puesto de trabajo con un salario decente ha sido sustituido por dos con un sueldo insuficiente. La reforma laboral ha traído un incremento en la temporalidad y en el empleo a tiempo parcial y creo que a cualquier gobierno le tendría que preocupar mucho el coste social que está teniendo esta precariedad”.

Mikel Ruiz afirma que “eliminar la precariedad es clave para reducir la pobreza laboral y para ello hay que bajar el peso de los contratos parciales y la temporalidad, porque la congelación salarial no ha tenido tanta incidencia como el abuso de contratos a tiempo parcial”. En el conjunto del Estado español el peso del subempleo dentro del trabajo a tiempo parcial ha crecido del 36,1% en 2007 hasta el 61,7% en 2017.

Perjudica a los jóvenes Según Inmaculada Gallastegui, catedrática de Econometría de la UPV-EHU y consejera del CES, la pobreza laboral “no es un problema nuevo” pero ahora “asistimos a una ampliación” de este fenómeno, aunque admite que es difícil cuantificar su dimensión. “Lo que más me preocupa de este repunte de la pobreza laboral es el hecho de que entre los jóvenes el empleo tiene unas condiciones muy diferentes a las de antes y en buena medida es empleo temporal, al menos en los primeros años, y sobre todo, empleo mal pagado. Hay un conjunto de cosas que me preocupan porque muestran que la evolución de nuestra sociedad no va en la buena dirección. Macroeconómicamente podemos ir bien, pero se están creando unos núcleos de personas jóvenes que a pesar de tener preparación van a estar muchos años sin un horizonte claro. Al final muchos lo encuentran, aunque también hay excepciones y esas son las personas que se van quedando al margen y que necesitarán ayudas públicas”, explica Inmaculada Gallastegui.

En su opinión “hay otra cuestión que forma parte del mismo problema y es la falta de comodidad para que los jóvenes puedan hacer una vida que, entre otras cosas, permita tener hijos, porque en la demografía tenemos un problemón. Está todo muy relacionado y son cuestiones muy preocupantes. La temporalidad y el trabajo a tiempo parcial determinan la existencia de un amplio grupo de personas, que en buena medida son jóvenes, que no encuentran forma de lograr estabilidad y una organización de su vida que les permita avanzar como otros hemos ido avanzando a lo largo de los años”. Según Gallastegui, la reforma laboral ha tenido su parte de responsabilidad en el resurgimiento de la pobreza laboral, “pero en el fondo lo que sucede es que el mundo está cambiando muy rápido y los trabajadores y el mercado laboral requieren tiempo para adaptarse”. “Mientras tanto -añade- se está generando una situación muy fluida en la que las cifras macroeconómicas van bien, pero a la hora de transmitir esa mejoría a la sociedad hay problemas y se generan situaciones de falta de condiciones mínimas que están detrás de la pobreza laboral”.

Según el informe La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España publicado a finales de mayo, el salario por hora se mantuvo estable durante la crisis, aunque aumentó el paro y se redujeron las horas trabajadas, lo que repercutió en el salario real, que cayó un 30% entre el 10% de la población con menor renta. La fuerte destrucción de empleo, señala el informe, afectó especialmente a jóvenes con poca formación y antigüedad, tres factores que se dan entre la parte baja de los salarios, el mismo colectivo que más ha acusado la reducción de las horas trabajadas.

Subempleo. El subempleo, aquel en el que se trabaja a tiempo parcial cuando se desearía trabajar más horas, afecta en España a 1,41 millones de personas, el 6,2% de la población activa y la segunda cifra más elevada de la UE, por detrás de Chipre.

Precariedad. De los 5,52 millones de personas en situación de precariedad laboral en España a finales de 2017, 1,67 millones vivían en hogares en riesgo de pobreza y el 18% ni siquiera recibían prestaciones.

Desigualdad. El 58% de los trabajadores en situación de precariedad que viven en hogares de bajos ingresos son mujeres; el 49,8% declara tener estudios iguales o inferiores a la ESO y el 24,7% estudios superiores.

Ayudas. Aproximadamente el 30% de los actuales perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) son trabajadores que complementan unos ingresos insuficientes con las ayudas sociales de la CAV.