donostia - El sinhogarismo de un único rostro ha dado paso a una nueva óptica que refleja múltiples caras. En todos los países de la Unión Europea ha crecido el número de personas sin hogar y sus diferentes perfiles, como también lo ha hecho en Euskadi, que registra en dos años un incremento de casi 200 personas sin techo, según la comparativa de datos de los dos últimos recuentos oficiales.

Esa es precisamente la cifra que se han propuesto reducir las principales instituciones de la CAV tras el acuerdo suscrito esta semana. ¿Cómo hacerlo? Parece no haber demasiadas dudas al respecto: fomento de vivienda, empleo y RGI. El País Vasco, a diferencia de otras muchas comunidades, goza del derecho subjetivo a la Renta de Garantía de Ingresos, a los Servicios Sociales y a la Vivienda aunque, en este último caso, los colectivos sociales observan todavía “demasiadas trabas” para su consolidación.

Las entidades firmantes disponen de un plazo de doce meses para diseñar su propio plan, y a la espera de conocer las propuestas, este periódico ha querido pulsar la opinión de algunas de las agrupaciones que trabajan con las personas sin hogar. Alejandra Puente, directora de la Asociación Rais Euskadi, entiende que la estrategia se ha planteado en un contexto “favorable” en el que la Ley de Vivienda fija el derecho subjetivo a un piso de alquiler, al que se añade el reciente plan de inclusión del Gobierno Vasco. “Estamos hablando de buenas herramientas que se tienen que materializar. Hace falta una vivienda pública potente, y programas que prevengan el sinhogarismo. Las personas necesitan unos recursos mínimos, independientemente de que trabajen o no. Prevenir se previene así”. Rais entiende que el foco “hay que ponerlo en desarrollar lo que ya existe”, pero observa dos puntos críticos: “La dotación económica del plan, porque no cuenta con un presupuesto específico y es necesario para que el plan sea eficaz, y el hecho de que la adhesión de las instituciones a esta estrategia sea voluntaria”. Advierte de que no caben medias tintas a la hora de abordar la realidad de un colectivo que ve reducida su esperanza media de vida en 20 años respecto al resto de la población.

Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SIIS, advierte de que hay una realidad muy concreta que hay que abordar. “Uno de los colectivos más importantes de personas sin hogar es el de los inmigrantes y refugiados, personas que siempre han vivido en una precariedad residencial prácticamente total”. Entiende que “todas las trabas a la inmigración y la situación irregular en la que se encuentran hace que suba o baje mucho el sinhogarismo. Estamos hablando de política de vivienda y de Garantía de Ingresos, pero sobre todo es cuestión de ver cómo se regula la inmigración”.

Con el fin de combatir esta realidad, el Gobierno Vasco en Lakua acogió el lunes pasado el acto protocolario de firma del pacto interinstitucional, en el que están involucrados tres departamentos del Ejecutivo: Empleo y Políticas Sociales; Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; y Salud, las tres diputaciones, los ayuntamientos de Donostia, Irun, Gasteiz, Bilbao, Barakaldo, Laudio, Portugalete, Santurtzi y Getxo y Eudel. Según observa Zalakain, esta estrategia incorpora novedades importantes. “Se implica más que antes el sistema de vivienda. Que se plantee como un problema de vivienda, aunque parezca una obviedad, es un cambio importante, de filosofía y de gestión”.