IRUÑEA. Los miembros de 'La Manada' se enfrentan a penas de cárcel que superan los veinte años por delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. En concreto, el Ministerio fiscal pidió para ellos 22 años y 10 meses de prisión;la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.

El deseo expreso de Agustín Martínez Becerra, abogado defensor de tres acusados de la violación, era que sus clientes no debían "estar ni un día más privados de libertad". Desde que concluyó el juicio a finales de noviembre los jóvenes permanecen encarcelados a la espera de la sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra suele ser profusa en sus fundamentaciones y resoluciones de calado. No es una Sala ágil en la respuesta, teniendo en cuenta su gestión de las sesiones del procedimiento, además de que se trata de una causa con cinco acusados en prisión, de ahí que el fallo se haya demorado en el tiempo, ya que estaba previsto conocerlo unas pocas semanas después de las Navidades.

La sentencia que alcancen podrá ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN y en casación ante el Supremo. En la última jornada del juicio, destinada a informes de los abogados defensores, estos desacreditaron las pruebas vistas en el juicio "por estar contaminadas y viciadas de origen" puesto que, según ellos, su único resultado podía ser confirmar la violación sin contemplar la presunción de inocencia. E igualmente dijeron que la declaración de la denunciante viene motivada por "fines espurios", lo que afectaría a su veracidad, debido a que, según su teoría, al robarle el móvil "ella pensó que podían colgar esos vídeos en redes sociales". Otro argumento defensivo es que la víctima consintió pero la relación fue traumática, lo que unido a la sensibilidad de la ciudad de Iruñea en las agresiones sexuales de San Fermín, motivó que se la animara a denunciar aunque casi ni quisiera hacerlo, soltaron los letrados. En este punto, el elemento nuclear de la sentencia girará en torno a dos conceptos que se han ido repitiendo a lo largo de toda la vista oral. Son el consentimiento y la intimidación. O si precisamente la intimidación del grupo que formaban los acusados fue tan grave que causó en la víctima un bloqueo psicológico y le hizo someterse a los deseos lúbricos de La Manada.

A estas alturas, con el procedimiento ya ventilado, no parece tan relevante la versión de los procesados sobre cómo se originó ese tránsito hasta el portal de Paulino Caballero y si la víctima daba su consentimiento desde el origen de las conversaciones, como ellos dicen. Las respuestas de la víctima, en el sentido de sustentar el principio acusatorio, se situarán más en el eje de la resolución futura sea en un sentido u otro. El grueso de la resolución abordará esa declaración de la joven y si cumple con los parámetros fijados por el Supremo y es coherente, concreta, persistente en la incriminación y contiene indicios que la corroboren.

Los cinco acusados se declararon inocentes y dijeron confiar en la Justicia. El guardia civil añadió que pedía perdón públicamente por el robo del móvil y que se proclamaba inocente del resto de delitos y Ángel Boza añadió que esperaba que "esto acabe cuanto antes". Todos bien encamisados fueron de nuevo esposados y regresaron a prisión.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la denunciante, cree que la decisión del Tribunal de mantener a los acusados en prisión "no avanza nada" sobre el sentido de la sentencia.

Una discrepancia Uno de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial emitió un voto particular discrepante con la decisión de mantener la prisión provisional de los jóvenes, al igual que ya hizo en las dos ocasiones anteriores. Este magistrado abogaba entonces, y mantiene ahora, por la libertad provisional con fianza con la adopción de medidas cautelares. Este juez aprecia "falta de motivación" en el auto e insiste en tachar de "inconsistentes e insuficientes" los argumentos de sus compañeros de sala para justificar la prisión. Los jóvenes están en prisión desde su detención el 7 de julio de 2016, horas después de los hechos juzgados. Tres de ellos están en Iruñea y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos. A todos ellos la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo.