ALMERÍA. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que el juez Rafael Soriano ha remitido un oficio al Instituto Armado en el que solicita el coste de dichas labores desarrolladas entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, cuando fue detenida Quezada, investigada desde entonces por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.
Más de 5.000 personas, entre ellas alrededor de 3.000 voluntarios y el resto profesionales, rastrearon más de 625 kilómetros cuadrados y buscaron en más de 500 puntos, como pozos y aljibes, durante doce días para localizar a Gabriel Cruz tras su desaparición.
Así lo apuntaron el teniente coronel Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, y el comandante de Unidad Central Operativa (UCO) Jesús Reina, en una rueda de prensa en la que ofrecieron los principales datos de la operación Nemo, desarrollada para encontrar al niño.
El teniente coronel aseguró que se trata de la "mayor búsqueda coordinada" de un desaparecido, en la que participaron más de 600 guardias civiles de diferentes especialidades junto a miembros de Protección Civil, policías locales, el Infoca, el GREA y Cruz Roja.
Por otro lado, las fuentes han indicado que mañana se producirá la declaración ante el juez de cuatro nuevos testigos y el jueves de otros seis.
Se trata de familiares y algún policía local que participaron en la búsqueda.
Por último, desde el TSJA se ha informado de que la asociación Clara Campoamor y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado personarse en la causa como acusación popular.
No obstante, han precisado, dichas solicitudes no han sido admitidas por el momento y se está a la espera de que se pronuncie el juez Soriano.
