DONOSTIA. Según la sentencia del caso, los hechos se remontan a 2015, año en el que la acusada inició un procedimiento de declaración de gasto extraordinario en un juzgado donostiarra con el fin de que la víctima le abonara la mitad del citado tratamiento.
Para ello, con la intención de "conseguir una resolución favorable del juzgado", la procesada "elaboró un documento" en el que supuestamente el médico que había atendido a los dos menores hacía constar que sus tratamientos de ortodoncia estaban valorados en 9.960 euros, 7.315 de los cuales habrían sido satisfechos por la mujer, "lo cual no era cierto".
Este documento, redactado en francés, fue aportado a la causa "con la traducción jurada del mismo", cuando en realidad los gastos fueron financiados totalmente por la Seguridad Social francesa.
"La acusada no consiguió su propósito" aunque, ante la posible existencia de un delito de falsedad en documento privado, el caso llegó finalmente a la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde el pasado enero se celebró una vista en la que la procesada se mostró conforme con la petición de condena que hicieron la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el padre de los dos menores.
Por este motivo, el tribunal considera ahora a la inculpada responsable de un delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado tentativa por el que le condena a seis meses de cárcel y a una multa de 360 euros, además de imponerle los gastos de las costas procesales.
El tribunal, no obstante, le suspende la pena de prisión por un plazo de dos años, con la condición de que no vuelva a delinquir en este período de tiempo.
