Gasteiz - Los casos de fraude de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) registrados en 2017 supusieron un 0,7% de las ayudas concedidas, con 442 casos sobre una cifra global de 60.405 perceptores. Además, en uno de cada cuatro casos en los que se suspendió la prestación, se acabó dando la razón a la persona afectada.

En una respuesta parlamentaria facilitada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a petición de Elkarrekin Podemos, se indica que Lanbide realizó 26.097 suspensiones de la RGI y también se llevaron a cabo 7.901 extinciones definitivas de esta prestación.

El Departamento especifica que existen numerosos motivos por los que se puede suspender el abono de la RGI a un perceptor, muchos de los cuales no pueden considerarse fraude puesto que no responden a una voluntad de engaño u ocultación por parte de la persona que recibe la prestación. Entre las razones que justifican la suspensión temporal de la RGI se encuentra la no presentación de la documentación solicitada en el plazo estipulado o no comunicar cambios en la situación del perceptor que pudieran afectar a las condiciones de acceso a esta prestación, como un incremento de ingresos, cambio de domicilio o variaciones en la unidad familiar.

Actuaciones fraudulentas En su respuesta a Elkarrekin Podemos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales aclara que los comportamientos en los que se considera que un perceptor comete fraude son todas aquellas “actuaciones fraudulentas”, así como la ocultación deliberada o la presentación de información falsa sobre datos de ingresos y patrimonio, de composición de la unidad familiar y de la situación socioeconómica.

Así, de entre todas las suspensiones de RGI realizadas en 2017 -según señala el Gobierno Vasco- las consideradas fraude fueron 442, lo que supone un 0,7% sobre la cifra global de perceptores de esta prestación, que al cierre del año pasado ascendía a 60.405 personas.

Contra las suspensiones, extinciones o revisiones de la RGI realizadas por Lanbide en 2017 se presentaron un total de 8.017 recursos de reposición, de los que 1.163 tuvieron una respuesta favorable; y 596 recursos contencioso administrativos, de los que se estimaron 65. De esa forma, en el 25,3% de los recursos presentados por los perceptores frente a la suspensión o extinción de la ayuda, se acabó dando la razón a las personas afectadas y restituyendo la ayuda. - Europa Press