- El Parlamento Vasco, merced al acuerdo político entre Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu, va a crear una comisión de investigación para determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de la Administración en el caso del cártel que formaron ocho empresas de catering que entre 2003 y 2015 pactaron los precios en el servicio de comedor escolar y que deberán hacer frente a una multa de 7 millones de euros dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
Pese a entender que la comisión es una plataforma para “ensuciar” y poner a Euskadi “al mismo nivel de corrupción de España”, PNV y PSE se abstuvieron para no obstaculizar la investigación y demostrar que la Administración no fue parte en unas prácticas contrarias a la competencia que ocasionaron un sobrecoste en el precio de los menús para las familias de 45 millones de euros.
En el pleno de ayer se vivió un duro cruce de acusaciones entre la oposición y los socios de Gobierno, especialmente entre el PNV y el PP. El parlamentario jeltzale David Latxaga acusó al PP de “querer ensuciar la política vasca y ponerla en el nivel de corrupción que hay en el Estado” porque “no buscan la verdad ni la investigación, sino el titular”. Aclaró que su partido “no tiene nada que esconder” y defendió que el Gobierno Vasco “actuó al instante” a través de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por lo que puso en duda que los parlamentarios cuenten con más capacidad investigadora que este órgano o la Fiscalía.
La popular Juana Bengoechea replicó que “intentar controlar su acción política no es ensuciar la política” y reprochó que la intervención de Latxaga “ha sido la del amo que habla a sus criados. ¿Pero estamos tontos o qué?”. Asimismo, Bengoechea defendió la validez de investigar decisiones “erróneas” que se hayan podido tomar “por dejadez, por ignorancia o por lucro”. Esta comisión para depurar responsabilidades políticas devuelve a la actualidad la multa de 18 millones de euros que la Autoridad Vasca de la Competencia interpuso en 2016 en contra de las ocho firmas de catering tras quedar probado que durante una década pactaron los precios para repartirse el mercado de los jantokis (casi 800 millones de euros).
Las empresas recurrieron la sanción. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) negó que hubiera una “arbitrariedad” en la adjudicación de los contratos por parte de la Administración y confirmó la existencia del cártel. Sin embargo, el TSJPV rebajó un 60% la cuantía de la multa al considerar que Gobierno Vasco contribuyó a que las empresas consideraran que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público”, sin que por parte del Ejecutivo existiera “reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra”.
Un debate áspero Cabe recordar que durante el periodo investigado la cartera de Educación estuvo en manos de EA, PSE y PNV y que tras el escándalo, el Gabinete de Cristina Uriarte modificó en 2015 el sistema de adjudicación del servicio, lo que supuso un ahorro de 7 millones de euros al año. En 2017 el PNV y el PSE frustraron una ponencia de investigación similar promovida por PP y UPyD, con el apoyo de EH Bildu. Sin embargo ambas formaciones, en minoría ayer, optaron por la abstención conscientes de que no podría prosperar la enmienda a la totalidad conjunta presentada.
Compartiendo el hilo argumental del PNV, el socialista José Antonio Pastor subrayó que la AVC determinó que no hubo “complicidad” de la Administración con las empresas, por lo que puso en duda que el Parlamento Vasco “pueda ir más allá”. “Depurar responsabilidades es responsabilidad de la AVC, no nuestra, pero no obstaculizaremos la puesta en marcha de la comisión”, dijo. Desde EH Bildu, Eva López de Arroyabe señaló que con la comisión no se pretende “manchar” la política, sino “limpiarla”. Además, rechazó caer en el juego de “hablar de quién es el más corrupto” y reivindicó la “transparencia” en la gestión pública. Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra recordó que el acuerdo entre las empresas de comedores escolares supuso un importante “sobrecoste” para las familias, que cifró en alrededor de 45 millones de euros
La comisión parlamentaria tratará de determinar las “responsabilidades políticas” que pudieran haber existido en un caso en el que ni la Fiscalía, ni el TSJPV, ni la Autoridad Vasca de la Competencia han visto indicios de delito por parte de la Administración. Además, el pleno de la Cámara también aprobó una enmienda para realizar un diagnóstico sobre la situación de los comedores escolares en Euskadi, en el que se determine el coste de este servicio caso por caso, el número de trabajadores de cada empresa y la cantidad de empresas que se han presentado al último concurso público, entre otras cuestiones.
