La petición registrada en la plataforma Change.org por Juan Carlos Quer, el padre de la joven madrileña Diana Quer, junto a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José, Candela y Amaia, para pedir al Congreso de los Diputados que no apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable, supera ya las 1,5 millones de firmas. La iniciativa recibió un gran apoyo inicial e incluso provocó la caída temporal de la página debido al aluvión de suscripciones. Además, Rocío Vieitez, la madre de Candela y Amaia, las niñas asesinadas por su padre en Moaña, cedió los 400.000 apoyos recibidos hasta la fecha a su petición contra la derogación de la prisión permanente revisable, registrada en la misma plataforma. De esta forma, la campaña acumulaba ayer más de 1.538.000 firmas en contra de la derogación que se está tramitando en el Congreso de los Diputados de una pena a la que podría enfrentarse el autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, El Chicle, si una vez que concluya la investigación, se le acusa de un delito de asesinato y de una agresión sexual previa al fallecimiento de la chica madrileña.
La mayoría absoluta de la que disfrutaba el PP le llevó a reformar el Código Penal para introducir la pena de la prisión permanente revisable o la cadena perpetua, como lo denomina la oposición, que recurrió esta figura penal, prevista para supuestos de excepcional gravedad, en el Tribunal Constitucional. En la legislatura vigente, el PNV presentó una proposición de ley que el Pleno del Congreso debatió y tomó en consideración el pasado 10 de octubre, gracias al apoyo que recibió de toda la oposición, a excepción de Ciudadanos que optó por abstenerse. Tras la propuesta de derogación, las familias de los menores asesinados y la de Diana Quer se han unido en una única iniciativa. El texto de la petición subraya que las familias que impulsan la propuesta son “ajenas a cualquier ideología política” y defienden el mantenimiento de la prisión permanente revisable para “evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras familias tengan que vivir su calvario”. Según explican, con la entrada en vigor de la prisión permanente revisable, la situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años del cumplimiento de la condena, y reinsertarse en la sociedad si cumple las exigencias de su rehabilitación. - Europa Press
