GRANADA. La plataforma, creada hace unos meses, ha sido presentada hoy oficialmente en un acto en Granada, que ha contado con la asistencia de representantes de la Junta de Andalucía en apoyo a la iniciativa.

Constituido en el municipio granadino de Montillana (Granada), este colectivo internacional está formado por asociaciones de Euskadi, Catalunya, Navarra, Madrid, Valencia y Andalucía relacionadas con las desapariciones forzadas infantiles, como se denominan los conocidos como casos de bebés robados.

También cuentan con una delegación en el Reino Unido para atender a las mujeres inglesas que dieron a luz en España hijos que están desaparecidos, ha explicado durante el acto de presentación María Bueno, portavoz y coordinadora general de la plataforma.

A la plataforma, sin ánimo de lucro ni vinculación política, según Bueno, se han adherido juristas, psicólogos, fundaciones de derechos humanos, la fundación internacional Baltasar Garzón y la plataforma digital Osoigo, entre otros.

"Solo queremos conocer la verdad. Nuestros hijos ya no nos pertenecen pero los hemos parido y son nuestros y los queremos", ha dicho Bueno en alusión al objetivo de esta plataforma, que busca también la reparación de las víctimas de lo que consideran un delito de lesa humanidad.

Un delito que no quieren enmarcar en épocas históricas o espacios temporales, porque, "aunque pudo empezar a cometerse en la Guerra Civil, también puede volver a ocurrir en el año 2030", ha opinado.

"Hace ocho años parecíamos unas pocas madres que estábamos locas. Hoy podemos demostrar que somos mujeres con sentido común y capacidad para saber pelear y dirigirnos a la vía judicial si es necesario", dice la portavoz de este colectivo.

En un auto, el juez Baltasar Garzón cifró en unos 30.000 los niños desaparecidos en España solo hasta el 1952, por lo que la plataforma cree que pueden ser más de 100.000 si se suman los desaparecidos en los primeros años de la Transición y la democracia.

Al acto han asistido algunas de las madres que dieron a luz y no llegaron si quiera a ver a sus hijos después del parto porque les comunicaron que habían muerto.

Es el caso de María Lobo, que con 20 años, en octubre de 1974, dio a luz a su primer hijo, una niña, en el Hospital Carlos Haya de Málaga, donde el médico que las atendió en el parto se negó a firmar el acta de defunción cuando días después les comunicaron desde la dirección que había fallecido porque, según aseguró a la parturienta, ambas estaban bien cuando se produjo el alumbramiento.

"No vimos a mi niña muerta. Nos dijeron que ellos se encargaban de enterrarla. Nosotros, tan jóvenes, casi que les agradecimos que se encargaran de todo", ha explicado visiblemente emocionada esta mujer, que ha relatado los numerosos trámites infructuosos que llevaron a cabo ella y su marido por localizar al bebé.