Educación pone coto a las aulas de 2 años en la concertada para evitar la segregación

El Gabinete que dirige Cristina Uriarte ha aprobado el decreto que regula la admisión del alumnado e introduce cambios con el objetivo de dotar de mayor transparencia al proceso de matrícula, adaptarlo a los nuevos modelos de familia (monoparental, divorciada, adopción...) y dotar de marco legal a la escolarización del alumnado fuera del plazo ordinario.

Alrededor de 3.000 estudiantes -en su mayoría migrantes- se incorporan cada año a las aulas vascas una vez comenzado el curso. Por lo general acaban estudiando en centros públicos, que atienden al 80% de este colectivo. En los últimos años distintos sectores de la escuela pública, incluso el Consejo Escolar de Euskadi o el Ararteko, están denunciando este problema, más acusado en ciertos municipios como Gasteiz. Básicamente reclaman al Gobierno Vasco medidas para evitar la creación de guetos por la asistencia de un elevado número de alumnado con un nivel socioeconómico bajo o en circunstancias desfavorecidas.

El nuevo decreto contempla por primer vez esta matrícula fuera de plazo e introduce distintos filtros para avanzar en el accedo a la escolarización de todo el alumnado en condiciones de igualdad de oportunidades. Se crean oficialmente las Comisiones de Garantías para supervisar la limpieza e idoneidad del proceso de admisión y asesorar a las delegaciones territoriales sobre la delimitación de las zonas de influencia del centro escolar. Además, la Administración educativa se reserva un 10% de las plazas tanto en los centros públicos como concertados para atender a las necesidades de todo el alumnado que llega con el curso empezado y que normalmente precisa de un refuerzo.

También se ha adoptado alguna de las disposiciones que han reclamado insistentemente desde la escuela pública para evitar la “segregación inducida” encaminadas a revisar los criterios de baremación reduciendo el impacto de la renta y eliminando la influencia de los puntos otorgados por los consejos escolares, OMR (Órganos de Máxima Representación) y cooperativas para acceder a un determinado centro. La nueva norma introduce cambios en las puntuaciones que se otorgan para baremar en caso de que haya más solicitudes que plazas.

Así, la puntuación por renta familiar pasa de 1,5 a 0,5 puntos;las que obtienen los socios de proyectos educativos cooperativistas, como las ikastolas concertadas, baja de 1 a medio punto. También se reducen las puntuaciones otorgadas por los consejos escolares de los centros por distintos conceptos, que pasa de 2 a 1 punto. Entre otras cuestiones se ha modificado el nivel de renta anual familiar por el que se puede obtener puntuación en el baremo. De esta manera, las familias que en el ejercicio fiscal del año 2016 no superen la cantidad de 9.080,40 euros -correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional del 2015- obtendrán un punto y medio (1,5) por este concepto. Hasta hace dos años, el nivel de ingresos máximo para obtener esta puntuación se establecía en los 42.000 euros. De este modo el Departamento de Educación pretende que sean las familias que disponen de menos recursos las que realmente se beneficien de ese punto y medio. Todas estas medidas están incluidas en el II Plan de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante.

Otra de las acciones con las que Educación quiere facilitar la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado de origen extranjero en todas las redes es la ampliación del control de número máximo de alumnado y grupos que cada centro puede admitir de acuerdo con la planificación a la red concertada.

Por primera vez, será la Delegación de Educación de cada Territorio la que establecerá el número máximo de plazas en cada centro. Es decir, un centro concertado no va a poder matricular a todos los estudiantes que soliciten entrar, sino que va a ser la Delegación de Educación correspondiente la que determine cuántos estudiantes puede matricular, igual que sucede en la pública.

Hasta hora, las aulas de dos años estaban fuera de la normativa. “Si un centro tenía tres aulas autorizadas las llenaban a tope independientemente de las aulas que tuvieran concertadas a partir de los tres años. Y sin embargo ahora solo van a poder matricular en el primer ciclo de Infantil según la planificación autorizada a partir de los tres años”, explican desde Educación. Con esta medida lo que se persigue es “equilibrar la oferta y la demanda, que entre la red pública y la red concertada no exista una competencia de crecimiento en detrimento de la otra red”, afirman fuentes del Departamento. “Tenemos que intentar trabajar con lealtad, tenemos que ser todos conscientes de que tanto la red pública, como la concertada, prestan un servicio público y que deben responder a las necesidades de la sociedad desde ambos colectivos sin intentar pisotearnos unos a otros”, señalan las mismas fuentes.

Fin a las “trampas” Al no ser una enseñanza obligatoria, la política de admisión en el ciclo 0-2 años se mueve en una especie de limbo. Algunos concertados cercanos a colegios públicos con mala fama entre algunas familias que rehuyen centros con gran diversidad han aprovechado esta circunstancia para crecer y ganar estudiantes a pesar de que la matrícula general no ha crecido por la escasez de nacimientos.

La lógica es sencilla, se abren nuevas aulas en Infantil y luego piden a Educación que concertase más aulas en Primaria para garantizar plaza a ese nuevo alumnado. “Desde el punto de vista empresarial querer crecer abriendo aulas de Infantil puede ser legítimo pero ahora mismo el número de alumnos no está creciendo, por tanto, si un centro incrementa el número de grupos perjudica a los centros que están haciendo el mismo servicio público. Todos somos necesarios y no tiene sentido hacernos esa competencia mercantil que no es la propia de este sector”. Según Educación, este decreto va a evitar que se sigan “usando este tipo de trampas ya que ahora mismo no se dan las condiciones de crecer sino de prestar un servicio de la máxima desde ambas redes”.