madrid - El colectivo de examinadores de tráfico anunció ayer en el Congreso su decisión de desconvocar los paros que mantienen desde hace cinco meses a la espera de que los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2018 incluyan el complemento específico que reivindican (250 euros mensuales brutos).

Así lo avanzó el presidente del sindicato Asextra, Joaquín Jiménez, tras reunirse con los grupos de la oposición en deferencia al acuerdo, suscrito el pasado 29 de noviembre, por el que todos ellos presentarán una enmienda a los PGE para que esta reivindicación económica (que supone tres millones de euros al año) quede recogida en las partidas para 2018.

“Ha sido la huelga más larga de la historia dentro de la administración, y me atrevería a decir que de cualquier sector, exactamente 65 días”, afirmó Jiménez, al tiempo que ha precisado que la decisión también va por la ciudadanía a la que ha pedido disculpas por los perjuicios de los paros. En total, se han contabilizado más de 200.000 exámenes de conducir cancelados por la huelga.

Además, advirtió de que el final del conflicto “solo será definitivo” cuando el aumento solicitado quede reflejado en sus nóminas y aseguró que estarán “muy expectantes” ante los movimientos a todos los niveles tanto del Gobierno, administración pública y DGT durante los próximos días.

Según recalcó, se trata de dar, “una vez más”, un voto de confianza al Ejecutivo, al que avisan de que, de sentirse defraudados sabrán responder unidos y dejar constancia de su malestar a través de las acciones que estimen necesarias.

críticas A zoido Jiménez también pidió a la DGT que abandone su “actitud pasiva” si quiere contribuir a normalizar la situación y que responda a la última propuesta enviada por el colectivo el pasado 1 de diciembre que, según aseguró, está “prácticamente consensuada” por el organismo, y sobre a la que a día de hoy no han obtenido respuesta.

“El colectivo examinador da un paso al frente”, sentenció al tiempo que criticó las declaraciones realizadas este lunes por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en las que aseguraba que “hay quien no está poniendo nada de su parte” en las negociaciones sobre este tema. “Nosotros sí hemos luchado por resolver el conflicto, pero no han querido, aseguró. Los únicos que han buscado soluciones han sido todos los partidos, menos el PP, que ha mirado a otro lado”. El enfado del colectivo con Zoido por estas palabras ha sido tal, según relató Jiméndez, que incluso peligró la desconvocatoria de la huelga prevista, y que finalmente sí se ha llevado a cabo

De hecho, los grupos de la oposición en el Congreso, presentes en el acto, agradecieron a Asextra su “actitud negociadora” y reprocharon al Gobierno que entre el sindicato y la oposición se esté solucionando un problema que él mismo debería estar arreglando y que, además, “es de fácil solución”.

El portavoz socialista en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido, recordó que en este conflicto hay dos partes diferenciadas: un Gobierno “haciéndolo mal” y unos examinadores, autoescuelas, ciudadanos y partidos políticos “intentando solucionarlo”. “Hemos trabajado todos los grupos para conseguir mediar en esta irracionalidad de Gobierno y DGT”, añadió el portavoz de Unidos Podemos, Jorge Luis.

Para el diputado morado, el comportamiento del Ejecutivo ha sido una “negligencia” porque este conflicto no solo ha afectado a los funcionarios, sino también a buena parte de la ciudadanía. “Nuestro cometido ha sido preservar el derecho a la huelga y los derechos de la ciudadanía. Hemos llegado a un acuerdo unánime y vamos a seguir haciendo nuestra labor en el Congreso”, apuntó. - DNA

Pruebas canceladas. La huelga de examinadores ha supuesto más de 200.000 exámenes de conducir cancelados.

situación económica. La representante de Ciudadanos de Seguridad Vial, Irene Rivera, aseguró que “es muy buena noticia para las 30.000 familias cuya economía dependía de que se resolviera este conflicto”.

coste de la huelga. El diputado socialista Pablo Bellido criticó la actitud del Gobierno y señaló que podía haberlo solucionado con tres millones de euros, mientras que la huelga ha costado 15 millones.