MADRID - Reconocía Nerea Ahedo, senadora del PNV, el importante paso adelante que supuso la entrada en vigor del Registro de delincuentes sexuales y la exigencia del certificado de antecedentes por delitos de este calibre para todas aquellas personas que quieran trabajar con menores. Sin embargo, subrayaba la jeltzale, “hay que seguir avanzado” y mejorando las capacidades y la utilidad de esta normativa.
A propuesta suya, precisamente, el Senado aprobaba recientemente una moción para reclamar un mecanismo que permita que en caso de condena firme por algún delito sexual se genere una alarma inmediata de aviso al empleador. De este modo, se evitaría el trámite para renovar el expediente que -en un principio cada curso- deben formalizar profesores, educadores, sociales, auxiliares de comedor, bedeles, monitores, entrenadores o pediatras.
Y es que, tal y como acertadamente trasladaba al resto de la Cámara la senadora por Bizkaia, “qué pasa entre plazos? Si el 1 de enero obtengo mi certificado negativo, pero el 5 de enero me condenan, tengo 360 días de ese año para estar en contacto con menores”. Ahedo indicó también que la renovación periódica de los citados certificados generaría dificultades administrativas debido al elevado volumen de profesionales y entidades que necesitan ese documento.
La propuesta de la senadora del PNV salió adelante con 243 votos a favor, el total de los emitidos en la sesión plenaria celebrada el miércoles de la pasada semana. En palabras de Ahedo, “la alarma inmediata es más eficaz porque la renovación periódica deja un vacío entre la fecha que se emite ese certificado hasta la siguiente renovación; un vacío en que el delincuente podría seguir en contacto con menores”.
Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Justicia en junio de este año, desde que se esta medida entró en vigor [marzo de 2016] ha detectado a 746 personas con condena en firme por delitos sexuales que habían solicitado el certificado para trabajar con niños; un hecho que demuestra la gravedad de un escenario que requiere de actualizaciones como la defendida por Ahedo. El Registro central de delincuentes sexuales tiene las fichas de más de 47.000 personas sobre la que un tribunal ha dictado sentencia.
‘Contacto habitual’ La moción transaccionada aprobada también incluye otros capítulos de mejora como, por ejemplo, la ampliación del concepto actual contacto habitual con menores y que haciéndose eco del Código Penal y de algunas normativas de la UE, también incluirá el contacto telemático, a través de Internet, telefonía,? Tras más de año y medio de funcionamiento tanto la ciudadanía como las empresas privadas y organismo públicos habían expresado sus dudas en relación con la vigencia del certificado.
Ahora, tras unificar criterios y después de que todas las fuerzas políticas arrimaran el hombro, el Pleno del Senado aprobaba por unanimidad la moción defendida por la jeltzale Nerea Ahedo para reclamar al Gobierno español que articule los mecanismos necesarios para que, en el caso de condena por sentencia firme por algún delito sexual [agresión y abuso, acoso, exhibicionismo, prostitución, corrupción de menores o trata de seres humanos] de quien trabaje en contacto habitual con menores se genere una alarma inmediata de aviso al empleador.
La puesta en marcha de esta iniciativa contribuirá a una gestión más eficaz de los recursos y a reforzar la prevención ya que hasta la fecha, todas las personas que trabajan con menores deben renovar periódicamente su acreditación para demostrar que su expediente está limpio. “¿No será mejor que si alguien delinque, se le juzga y se le condena, nos enteremos automáticamente para poder poner las medidas?” insistía Ahedo. Así, no habría que esperar al papeleo ni a que expire la fecha para actualizar el certificado.
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Es la última [julio de 2017] cifra de ciudadanos condenados en firme [sin posibilidad de recurso] por algún tribunal de la CAV y que, por lo tanto están inscritos en el Registro central de delincuentes sexuales lo que oficialmente les incapacita para realizar cualquier tarea que requiera mantener contacto con menores.
