donostia - El futuro de los clubes de cannabis en Euskadi sigue estando en la mesa del Tribunal Constitucional, que mantiene suspendido cautelarmente desde el pasado 9 de mayo el artículo 83 de la Ley vasca de Adicciones y Drogodependencias por el cual se regulan estas asociaciones. El Gobierno central entiende que darle el visto bueno supondría la legalización por la puerta de atrás de una droga ilegal.

La Ley de Adicciones fue aprobada en 2016 tras varios años de tramitación, objeto de negociación entre los gobiernos vasco y central. Durante la tramitación de la norma, el Estado ya había enviado informes jurídicos a la Cámara vasca alertando de que la marihuana es una sustancia prohibida según el Código Penal y que, por tanto, su legalización solo compete al Gobierno central.

El asunto llegó hasta la Comisión Bilateral para tratar de que ambos ejecutivos llegaran a un acuerdo, pero el Gobierno español decidió impugnar este artículo al considerar que invade competencias del Estado en legislación de productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública.

Mientras se sigue esperando en Euskadi una sentencia firme, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha mostrado su “preocupación” por la abundancia de clubes sociales de cannabis en el Estado y alienta a su Gobierno a “tomar todas las medidas prácticas para detener su proliferación”.

Así queda recogido en el informe anual correspondiente al ejercicio de 2016 de este órgano de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La JIFE recuerda que estos clubes cannábicos han aparecido en diversos puntos amparándose en la normativa del derecho de asociación.

Según constata el documento, la Comunidad Autónoma Vasca es la única que tiene un registro específico de clubes cannábicos, mientras que en otras comunidades aparecen simplemente dentro del registro de asociaciones. “El Gobierno español no ha apoyado ninguna iniciativa para regular ni autorizar esos clubes”, recuerda la JIFE, pero reafirma que “estas asociaciones son contrarias a la Convención de 1961 que limita el uso del cannabis solo para fines médicos y científicos, y no recreativos, tal como es el consumo en estas asociaciones”.