El Congreso aprueba el Pacto contra la violencia machista

El pacto fue respaldado en el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos favorables de 278 diputados y la abstención de 65.

La formación morada ha decidido no apoyar este documento al considerar que no hay calendario ni presupuestos que puedan garantizar su ejecución.

Dentro de dos meses, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género debería estar ya en marcha, tiempo en el que Gobierno tiene que trasladar su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones. El texto incorpora también 18 votos particulares de los partidos, aprobados por mayoría pero que no forman parte del documento unánime y contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros durante cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

El debate celebrado en la Cámara Baja fue presenciado desde la tribuna de invitados por asociaciones de mujeres y víctimas de violencia. Junto con ellas, estaba Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón, quien asesinó a sus hijos como venganza hacia ella. Precisamente, la última medida incorporadas al acuerdo, a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos, es considerar como víctima de violencia de género a las madre cuyos hijos han sido asesinados por sus padres.

Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Ángeles Álvarez, anunció que pedirá habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para el próximo año en caso de que retrasen los presupuestos generales del Estado de 2018. Además, Álvarez criticó lo que considera una “irresponsabilidad” por parte de Unidos Podemos. No fue la única en reclamar este cambio de voto. La mayoría de los portavoces pidieron a la formación morada que reconsideraran esta postura. Una petición que, sin embargo, las portavoces en materia de Igualdad del grupo morado rechazaron.

Las propuestas La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

El resto de medidas son preventivas y judiciales en su mayoría, como la supresión del atenuante de confesión y la de la reparación del daño en delitos de violencia machista; un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.

El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención.

Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de este tipo de violencia de género en los acontecimientos deportivos es otra de las iniciativas. Además están la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo.

Más de 900 víctimas desde 2003 Por su parte, la presidenta de la subcomisión creada en el Congreso para lograr este pacto, la diputada socialista Pilar Cancela, dio cifras de los que significa la violencia machista en el país: 800 asesinadas desde 2003 (909 hasta la fecha, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género); 37 mujeres y 6 niños asesinados en lo que va de 2017 y más de 134.000 denuncias por maltrato el año pasado. “Más del 80% de las mujeres maltratadas nunca lo denunciará”, advirtió, antes de señalar que es “esperpéntico” que ante estos números aún se hable de conceptos como síndrome de alienación parental o denuncias falsas, “cuando éstas sólo representan el 0,18% de las interpuestas entre 2009 y 2016, según el Informe de la Fiscalía General del Estado”.

Las asesinadas en lo que va de año también estuvieron presentes en la intervención de la portavoz del PP, Carmen Dueñas, quien destacó que el 70% de ellas “no tenía ni 35 años”. En este sentido, pidió que se ponga el foco en los jóvenes, un colectivo en el que, a su juicio, se pueden observar comportamientos preocupantes a tenor de varios estudios publicados, que demuestran que las menores consideran normal que sus parejas tengan control sobre sus vidas. - E.P./Efe

Justicia. Se prevé un Plan de acompañamiento judicial personalizado que contempla la asistencia de la víctima y sus hijos con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento. Además incluye libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima está más desprotegida.

Seguridad. Se pretende integrar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género con los sistemas operativos policiales incluyendo a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas.

Menores. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.

Educación. El plan pretende incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia.

Sanidad. Una mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios e incluir la formación en género en los estudios de los profesionales sanitarios.

Publicidad y medios de comunicación. Una de las claves es desarrollar campañas de prevención y sensibilización, implicando a la sociedad en su conjunto. Habrá campañas específicas para jóvenes y mujeres en el ámbito rural además de comprometer a los medios a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en casos de violencia de género y poner en marcha de un Código de Publicidad no Sexista.

Empresas. Una de las medidas es elaborar un sello identificativo para los servicios públicos y empresas privadas que establezcan políticas de responsabilidad social corporativa respecto de la violencia de género. Además de implantar planes de igualdad obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores.