Bilbao - El Estado español se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en aprobar una estrategia nacional de adaptación de sus 7.883 kilómetros de costa a los efectos del cambio climático, en la que concluye que no caben más infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanos en el litoral.

El BOE publicó la semana pasada la aprobación de esta estrategia, mandato de la Ley de Costas de 2013, que ha contado con el asesoramiento científico del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH), y con un amplio proceso de participación pública. La estrategia diagnostica la situación actual de la costa y concluye que “el modelo de desarrollo económico implantado en las últimas décadas y la explotación de los recursos ha supuesto una amenaza para el litoral, incrementando su exposición y vulnerabilidad al cambio climático debido a la presión urbanística y a la degradación sufrida”.

Las conclusiones del informe afectan también a la Comunidad Autónoma Vasca, que con sus 256 kilómetros de costa y sus 396 km2 de aguas interiores está sufriendo un incremento del nivel medio del mar, cambios de intensidad y dirección en el oleaje, y modificaciones de la temperatura y acidificación del océano. De hecho en la estrategia propia del País Vasco ante el cambio climático se indica que “se espera que el nivel medio del mar ascienda entre 29 y 49 cm. para finales del siglo XXI, lo que podría provocar el retroceso de la anchura de las playas e incremento del riesgo de inundaciones en los estuarios”. Estas previsiones se basan en que el aumento del nivel medio del mar registrado en la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia media global de entre 2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre los años 1993 y 2010.

Alteraciones “La urbanización desmesurada de las últimas décadas, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del caudal sólido de los ríos ha modificado la línea de costa, destruyendo dunas, desecando marismas y lagunas costeras, aumentando la erosión y alterando el litoral mediante diques y espigones”, reconoce el documento de la estrategia estatal. Partiendo de esa situación y de las previsiones de los impactos del calentamiento, la estrategia “marca unas directrices generales de cómo para abordar esos efectos en la costa con una visión integradora, en la que se abarca no solo el dominio público costero, competencia del Gobierno español, sino áreas de gestión autonómica”, indica el director de investigación del IH de Cantabria, Iñigo Losada. “La estrategia valora los riesgos más allá de las competencias estatales y sienta las bases para actuar”, agrega el científico.

Losada destaca que esta estrategia es un “hito importante” para una “gestión integrada de la adaptación en la costa, una herramienta que no posee todavía de manera tan detallada ningún otro país del mundo”. Será la base para que las Comunidades Autónomas ejecuten planes de adaptación en los tramos de costa que tienen concesionados, y para los que en algunos casos ya están recibiendo fondos del Gobierno español para este fin.

En el documento se citan un buen número de planes elaborados por las administraciones vascas y que están vinculados o coadyuvan a la estrategia contra el cambio climático. Es el caso del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, el Agroforestal, el de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, así como planes para zonas concretas: Iñurritza de Zarautz, tramo litoral Deba-Zumaia, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Área de Txingudi y ría del Urola.

Impactos El documento publicado en el BOE determina que el aumento del nivel del mar y la subida de temperatura serán los principales impactos en la costa, seguidos de las tormentas y temporales (más viento y oleaje), y del déficit de aportes de agua dulce. Ante esta situación la estrategia desglosa todo un abanico de opciones para adaptarse a los riesgos, dando prioridad a la planificación y el seguimiento, y a las llamadas “infraestructuras verdes frente a las grises”, algo que tanto Losada como los ecologistas consultados consideran acertado. Eso supone que frente a nuevas obras de ingeniería para proteger la costa, la estrategia apuesta por proteger los ecosistemas naturales que ejercen esas funciones, preservando ríos, deltas, dunas, estuarios, humedales o marismas, y restaurando los que están afectados por la degradación o destrucción humana.

Sin medidas de adaptación, unos 15 millones de personas que viven en 487 municipios costeros de 10 comunidades se verán afectados por inundaciones o desplazamientos.