MADRID. El 12 de agosto de 2014, el sacerdote español sucumbía a la crueldad del virus, que había iniciado su letal camino cinco meses antes en Guinea Conakry para expandirse después a Liberia y Sierra Leona, sembrando casos también en Nigeria, Senegal, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Mali.
Comenzaba así la mayor epidemia de ébola de la historia, con más de 28.600 personas contagiadas y más de 11.300 fallecidas en dos años.
No fue hasta el 7 de agosto de 2014 cuando España tomó conciencia de esta devastadora enfermedad, día en el que un avión medicalizado del Ejército lo trajo a Madrid, dejando unas imágenes propias de la ciencia ficción, en las que se veía al sacerdote tumbado dentro de un dispositivo de aislamiento y los sanitarios protegidos con trajes especiales naranjas antes de trasladarlo al hospital Carlos III.
Hasta entonces, el religioso, de 75 años, había permanecido aislado en el hospital San José de Monrovia, junto a otros cinco religiosos, entre ellos la hermana Juliana Bohi, que fue repatriada con él tras la muerte del director del centro, Patrick Nshamdze, víctima del virus.
Desde la semana anterior, Pajares tenía fiebre alta y su estado de salud ya preocupaba porque además padecía problemas cardiacos. Los temores se confirmaron cuando las pruebas que le realizaron dieron positivo.
"Me gustaría (ir a España) porque tenemos muy mala experiencia con lo que ha sucedido aquí. Aquí estamos abandonados y no nos satisfacen. Queremos ir a España y que nos traten como a personas, como Dios manda", deseó Pajares, quien pudo ver este deseo cumplido, pero no el de sobrevivir al ébola a pesar de los esfuerzos con el suero experimental ZMapp, que se había empezado a usar en EEUU.
Tampoco pudo superar el virus el otro religioso que fue repatriado el 22 de septiembre de ese año, Manuel García Viejo, director médico del hospital San Juan de Dios de Lunsar (Sierra Leona): como Pajares, falleció en el Carlos III cuatro días después, aunque en su caso, no se le pudo administrar el suero experimental al estar agotadas las existencias.
La alarma dio poca tregua y volvió a saltar el 6 de octubre al confirmarse que una de las auxiliares de enfermería que atendió a García Viejo, Teresa Romero, había contraído la enfermedad. Una vez fue trasladada del hospital de Alcorcón al Carlos III, la trataron con plasma de la religiosa Paciencia Melgar, que trabajaba con Miguel Pajares y que superó la enfermedad en Liberia.
Un día después, su marido, Javier Limón, fue ingresado en aislamiento, al igual que un ingeniero español procedente de Nigeria y otras dos sanitarias que asistieron a los misioneros. En total, medio centenar de personas estuvieron bajo vigilancia.
Entre medias, Excalibur, el perro de Romero, fue sacrificado en medio de una intensa campaña en las redes sociales para intentar salvarle la vida, un sacrificio que fue declarado "inevitable" el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Mientras, en medio de la polémica por la gestión de la enfermedad, el día 12 llegaba la esperanza al saberse que la carga viral en la auxiliar se estaba reduciendo y, cinco días después, que el ébola había remitido, aunque Romero siguió ingresada hasta recuperarse de los daños que el virus le había causado en varios órganos, especialmente los pulmones.
El 22 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguraba que España sería declarada libre del virus el 2 de diciembre, transcurridos 42 días desde el segundo negativo de la auxiliar, como así ocurrió.
Quienes estaban en observación fueron dados de alta a medida que transcurría el periodo de aislamiento de 21 días que establece el protocolo, entre ellos Javier Limón y, ya el 1 de noviembre, su pareja, que en su primera aparición pública el día 5 aseguró desconocer el motivo por el que resultó contagiada.
Sin embargo, en enero de 2015 reconoció que no informó a la médico de familia del contacto con un paciente con ébola. En enero, la jueza que investigaba si se incumplió la normativa de seguridad laboral para evitar casos de contagio como el suyo archivó la causa al no considerar acreditado que las autoridades sanitarias incurrieran en delito.
