MADRID. Santa María de Garoña, situada en una península natural formada por un meandro del río Ebro, se inauguró en 1970 y cesó su actividad en diciembre de 2012.
Consta de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric (en España sólo hay otro reactor de este tipo, el de Cofrentes y se trata de la misma tecnología instalada en Fukushima Daichi).
Propiedad de Nucleonor, empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa, la central de Santa María de Garoña, inició su actividad industrial en marzo de 1971 con una potencia eléctrica instalada de 460 MWe, que después aumentó a 466 MWe .
Durante el año 2004 produjo 4.049,59 millones de kWh, con un factor de carga de 98,93% lo que supuso la mejor producción anual desde el inicio de la operación de la planta.
En 2012, su último año en explotación, generó 3.879,69 millones de kilovatios hora.
En los años 2004 y 2005 la central de Garoña registró dos incidentes calificados de nivel 1, de acuerdo con la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
En febrero de 2004 se envió, por error, una partida de chatarra radiactiva a una acería de Bizkaia y el 14 de marzo de 2005, en el transcurso de una prueba de vigilancia de las válvulas de ventilación del edificio de contención, se detectó un comportamiento anómalo del sistema.
También fue clasificado con nivel 1 un fallo registrado en agosto de 2008 en las baterías de suministro ininterrumpido.
El permiso de explotación de Garoña se renovó el 5 de julio de 1999 por un plazo de 10 años; y en 2006, Nuclenor solicitó la prórroga por otros diez más (hasta 2019).
Dicha renovación -en 2009- estuvo marcada por la polémica. El Consejo de Seguridad Nuclear avaló la continuidad de Garoña hasta 2019 con algunas mejoras aceptadas por la empresa, pero el Gobierno socialista optó por una prorroga de cuatro años y ordenó el cierre de la central en 2013; una decisión que no contentó ni a los ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni tampoco a la empresa propietaria de la central, Nuclenor, ni a sus trabajadores, que solicitaban una prórroga de diez años.
En julio de 2011 la Audiencia Nacional confirmó la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de Garoña hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.
Sin embargo, en enero de 2012 el nuevo Gobierno del PP encargó un informe sobre la posibilidad de alargar la vida de la central al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo que el 17 de febrero dictaminó que no veía inconveniente en ello.
En julio de 2012 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de Garoña y concedió a la empresa un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad de hasta 2019.
La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando, y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.
El reactor de Garoña paró a las 22.57 horas del día 16 de diciembre de 2012 y se desconectó de la red eléctrica después de 42 años de actividad.
Posteriormente, sin embargo, Nuclenor cambió de opinión y pidió a Industria la revocación parcial de la Orden Ministerial que fijaba el fin de la licencia de explotación de la central el 6 de julio de 2013.
El 21 de febrero de 2014 el Gobierno aprobó un real decreto que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de manera que una central nuclear cuyo cierre se deba a razones económicas, y no de seguridad nuclear o la protección radiológica, dispone de un año a partir de su cese de actividad para solicitar una nueva renovación de su permiso de explotación.
Merced a esa modificación legal, el 27 de mayo de 2014 Nuclenor presentó a Industria una solicitud de renovación, que fue remitida al Consejo de Seguridad Nuclear para su evaluación.
El CSN aprobó, el 8 de febrero de 2017, un informe favorable a la reapertura de la planta con una serie de requisitos, de modo que correspondía al Ministerio de Energía decidir si la planta puede volver a conectarse a la red.
