El Pacto contra la Violencia de género no satisface a las organizaciones de mujeres

La opinión de la mayoría de grupos políticos y de colectivos respecto al Pacto contra la Violencia de género no es tan crítica, pero una gran parte de las medidas acordadas en el Congreso y el Senado y que conformarán el texto final del pacto han sido calificadas de inconcretas, meramente enunciativas o poco prácticas. La falta de compromiso financiero para hacerlas realidad, la exclusión de algunos tipos de violencia contra las mujeres -como la violencia sexual- y la ausencia de un calendario y una supervisión efectiva de cumplimiento son algunos de los defectos detectados en los que coinciden varias voces.

Diversas asociaciones de mujeres opinan que el pacto es “insuficiente” y afirman que faltan “modificaciones legislativas y judiciales”, además de medidas de mayor protección a las mujeres. En este sentido, la abogada navarra María Ortega asegura que “en la práctica todo lo que no es una ley no lo puedes aplicar, y ahí no hay más que recomendaciones y buenos propósitos”. Respecto a la dotación presupuestaria añade que “la mayoría de los recursos económicos se están invirtiendo en la vía penal y sin embargo no es la solución para acabar con la violencia de género, la solución pasa por la educación de niños y adultos, hay que ir a la raíz del problema, que es la relación de poder del hombre sobre la mujer”.

Teresa Sáez, técnica de igualdad y parlamentaria, incide en la cuestión de la violencia sexual que sufren muchas mujeres y que no se encuadra en la definición de violencia de género. “Exigimos que la atención jurídica, sociológica y social a las víctimas de violencia de género que establece el artículo 19 de la Ley 1/2004 se extienda, conforme a los artículos 3, 25 y 36 del Convenio de Estambul, a cada mujer o niña que ha sufrido agresiones sexuales, sea en las fiestas, en las aulas, la calle, el trabajo o cualquier lugar o relación, asegurándoles atención, protección, justicia y reparación”, destaca.

La plataforma feminista 7N también ha censurado “el escaso protagonismo” que durante el proceso de redacción del texto se ha dado a las organizaciones de mujeres. “Si cuando se elaboró la Ley Integral se dijo que las organizaciones de mujeres habían sido ‘colegisladoras’ en esta ocasión no puede decirse lo mismo”, aseguran desde la plataforma.

Expertas en igualdad y violencia de género de los colectivos Andrea y Lunes Lilas han analizado las medidas y han encontrado más puntos negativos que positivos.

El texto habla de “prevenir en todas las etapas educativas la violencia de género, el machismo, la educación emocional y sexual y la igualdad” y de “promover en todos los centros educativos actividades para prevenir la violencia sexual”.

Para las organizaciones de mujeres las medidas incluidas en este apartado “básicamente reiteran” lo que ya dice la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con lo que, salvo que posteriormente se concrete “con qué presupuesto, cómo y quién -si el Estado español o las comunidades autónomas- van a asumir cada punto, son papel mojado”.

Por su parte, María Ortega opina que “estamos viendo que la violencia de genero crece entre los más jóvenes y ¿plantean que sean los centros educativos los que deben luchar contra esto? No, eso lo tendrán que hacer o bien las comunidades autónomas que tienen las transferencias en Educación o directamente la Lomce, porque es ahí donde tiene que haber una transversalidad sobre igualdad en todas las materias”.

Se propone “modificar la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en las actuaciones contra la violencia de género” y “promover las unidades de apoyo de ámbito local”. En este epígrafe las organizaciones feministas consideran positivos varios puntos. Uno es la revisión de los protocolos judiciales con el fin de que los juzgados comuniquen a los servicios sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos los sobreseimientos provisionales y las sentencias absolutorias en los casos de violencia de género.

Otros aspectos positivos son el desarrollo de la normativa sobre unidades de igualdad, la obligación de registrar planes de igualdad en empresas y de proporcionar datos sobre violencia de género en las administraciones. También se aplaude la decisión de modificar la ley 27/2013 para que la administración local pueda actuar en la promoción de la igualdad y los casos de violencia machista. Este último punto -dicen las profesionales de 7N- “supone el reconocimiento de un fracaso”.

En el lado negativo se destaca que “hay una sola referencia a la ampliación de plantillas de personal para violencia de género, que solo apunta a fuerzas de seguridad y unidades de igualdad”; y que “la evaluación del funcionamiento de los juzgados no puede recaer en las usuarias”.

Para las expertas de Andrea y Lunes Lilas, que no se preste atención a la violencia fuera de la pareja es “una carencia gravísima” del texto y apuntan que relegar a dos disposiciones adicionales la ampliación de los tipos de violencia contra la mujer y remitirlos a un marco regulador diferenciado no es acertado. En su opinión, con esta diferenciación parece que “se crean víctimas de primera categoría -las que sufren la violencia en el marco de la pareja- y de segunda categoría: todas las demás”. En opinión de María Ortega, el Estatuto de la Víctima aprobado el año pasado “engloba a todas las víctimas de todos los delitos y también a las víctimas de violencia de género”, por lo que el texto no aporta demasiado.

En este apartado las organizaciones de mujeres apuntan que aunque en el pacto se señala que se van a adoptar medidas para impedir que se acuerde la custodia compartida de los hijos en los casos de violencia de género, eso es algo “que ya existe pero no se aplica” y opinan que “debería tener carácter imperativo”. Además esta propuesta -añaden- “se limita a que exista orden del protección, que sabemos que solo se concede en un 30% de los casos”. Las expertas consideran necesario “que la ampliación del título habilitante para acceder a otras medidas se extienda” a la custodia de menores. Y censuran que no se hable de “la privación de la patria potestad, que debería estar contemplada, al menos temporalmente, cuando haya sentencia firme de maltrato”.

Se indica que “como el resto del documento, adolece de falta de concreción” y se cita como ejemplo que en el texto “se señala que hay que clarificar los conceptos jurídicamente indeterminados de la Ley General de Comunicación Audiovisual sin señalar cuáles son estos”. En este sentido, la abogada María Ortega también considera que hay que actuar sobre el contenido que difunden algunos medios de comunicación, “sobre todo las televisiones, están dando una imagen distorsionada de la mujer”, pero que las medidas del pacto no contemplan una verdadera capacidad para intervenir cuando se sobrepasan ciertos límites. Por el contrario, se ve como algo positivo “la apuesta por involucrar a los medios de comunicación y la industria audiovisual en la generación de unos contenidos igualitarios”.

A las expertas en igualdad les llama la atención que “para formación a profesionales y protocolos en los casos de violencia hacia mujeres transexuales o transgénero se vea necesario colaborar con entidades de la sociedad civil que luchan por sus derechos, pero esta colaboración no se dé con otras organizaciones de mujeres y feministas en las demás formaciones”. Igualmente, consideran “que no solo es necesario que haya formación específica sino que esta formación tenga perspectiva de género”.

En cuanto al reparto de los 1.000 millones de euros en cinco años mencionados en los acuerdos parlamentarios del Pacto de Estado, la presidenta de la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo consideró que 200 millones al año para la lucha contra la violencia son una cantidad “mezquina”. Las organizaciones que conforman la plataforma 7N analizan el reparto de fondos apuntado inicialmente por los grupos parlamentarios y comentan que “si anteriormente señalábamos como relevante que se valore la devolución a los ayuntamientos la competencia en igualdad y violencia que se quitó la reforma del Régimen Local en 2013, pensamos que cubrir esto con 20 millones de euros al año para 8.000 ayuntamientos es absolutamente insuficiente”. “En cambio, -añaden- para las medidas reservadas a la Administración Central, que, salvo las judiciales, no son de atención directa a las víctimas, 40 millones al año es excesivo”. En términos generales, las organizaciones reclaman que “los montos sean pormenorizados por partidas, órgano gestor, objetivos e indicadores”.

“Debe quedar claro que las 200 medidas contenidas en el texto para el Pacto no son para muchas de las mujeres que sufren violencia de género, como por ejemplo todas las que padecen violencias sexuales fuera de la pareja”, concluye Ortega.

Comisiones. El pasado viernes las comisiones de Igualdad de Congreso y Senado aprobaron sendos textos con las medidas que contendrá el Pacto de Estado.

Calendario. Las cámaras llevan más de seis meses trabajando en el Pacto. El lunes se llegó aun acuerdo en las subcomisiones y el viernes en comisiones. El texto se tramitará en septiembre

Víctimas. Un total de 32 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año, según la última actualización. Esta cifra supone cinco muertas más que hace un año.