La lucha contra la exclusión social tiene nombres y apellidos

“Los políticos también son representantes nuestros y deberían tener una sensibilidad especial hacia las personas que como yo necesitamos apoyo. Por eso es importante tener cauces de participación y de movilización para hacernos oír, para que las instituciones y la sociedad sean conscientes de la realidad de la calle”, dice Iñaki para resaltar la importancia de que las personas que se ven directamente afectadas por las políticas sociales trasladen sus inquietudes a quienes diseñan y aprueban esas normas. Los ejemplos de Yusef e Iñaki ilustran perfectamente cómo los detalles, las medidas concretas, de las políticas sociales suponen diferencias cruciales en las vidas de quienes luchan contra la exclusión social.

Reforma de la RGI

La limitación de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por domicilio es una de las medidas avanzadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales dentro de la reforma del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos que está en marcha y que cambiará algunas cosas para hacer que la ayuda sea más eficaz y justa. Sin embargo, para alguien como Iñaki, usuario de la Fundación Gizakia, puede ser un gran obstáculo para acceder a una vida autónoma.

“La idea de restringir el número de prestaciones por domicilio va a ser un problema para aquellas personas cuya opción de vida es compartir una vivienda”, explica Elena de la Hera, de EAPN Euskadi. “Este tipo de restricciones -añade la técnico de la Red de Lucha contra la Pobreza- hace que personas que tienen una evolución en sus procesos y pueden dejar la institución para salir a un piso compartido y vivir de manera autónoma tengan que volver a nuestros pisos de acogida, a nuestras residencias. Para ellos es un paso atrás. Y es que una persona en exclusión puede mantener una vida autónoma siempre y cuando pueda compartir, porque la renta que tiene no le permite acceder a una vivienda propia, ni pagar un alquiler ella sola. Sin embargo sí puede compartir con otras dos o tres personas”.

Iñaki apunta que cuando en las reuniones de usuarios y técnicos de entidades sociales se habla de la RGI -un tema que es recurrente-, no se menciona una cantidad de dinero concreta, “se habla de tener una ayuda que permita vivir con dignidad”. “No decimos que la RGI deba ser de mil euros, eso no se ha dicho en ningún momento, lo que se pide es que permita vivir con dignidad. Para gente como yo, que estoy en un recurso asistencial, que estoy viviendo en un piso de Cáritas, eso supone que cuando cobre la RGI pueda irme, si puedo solo y si no, a un piso compartido pero que pueda cubrir mis necesidades básicas. La gente no habla de dinero sino de sentirse libre, de no vivir con el agua al cuello”, afirma Iñaki.

Ayuda para los jóvenes

Yusef es un joven inmigrante que llegó solo a Bizkaia cuando era menor. Estuvo en acogida, participó en un proceso de la Fundación Peñascal, estudió y se integró, pero cuando cumplió los 18 años tuvo que dejar el centro en el que estaba. Como los menores de 23 años no tienen acceso a la RGI, al no tener dónde ir su única opción fue acudir a un albergue municipal.

Mireia, coordinadora de recursos residenciales de emancipación de Elkarbanatuz, indica que “la prestación económica a la que se puede acceder entre los 18 y los 23 años es la Ayuda Especial para la Inserción, que asciende a 337 euros. Eso no da para un alquiler y si encima esos jóvenes tienen que estudiar, pagar el transporte hasta el centro de estudios... Esto está siendo un problema incluso para esos jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, de estudiar un módulo de FP o algo para luego poder trabajar”.

Elena de la Hera incide en que fijar la edad de acceso a la RGI en 23 años deja fuera de una ayuda fundamental a jóvenes que, como Yusef, no tienen respaldo familiar. “Cuando llegué al albergue -cuenta Yusef sobre su experiencia- me dijeron que solo podía estar siete días pero les pedí por favor que me dejaran más tiempo para poder estudiar. Allí había personas de 30 ó 40 años, gente con problemas de consumo, como yo era el más joven y les dije que quería estudiar me dejaron estar más”. Hace unas semanas Yusef ha viajado a Bruselas con una delegación de jóvenes en situación de exclusión que en representación del Estado español se han reunido con europarlamentarios para trasladarles sus problemas y sus preocupaciones.

Personas sin hogar

“Uno de los temas que más duele y que está más presente en las conversaciones de las personas en riesgo o situación de exclusión es el acceso a la vivienda”, indica Joseba Gaya, responsable del Área de Personas sin hogar de Cáritas Bizkaia. “Para estas personas -dice- es muy importante, porque parece que la vivienda es lo que da seguridad, supone la pertenencia a una zona, el ser reconocido como vecino y parte de un barrio. Con las personas sin hogar a las que podemos acompañar, las que cuentan con una motivación para salir de su situación, nos encontramos que hay veces en las que habiendo hecho el proceso y organizado todos sus temas, cuando llega el momento de dar un paso hacia la autonomía se encuentran con que no pueden porque no tenemos un parque de viviendas que lo permita. El parque de alquiler que hay en Euskadi es pequeño y caro. Además muchas de las personas a las que acompañamos van a tener enormes dificultades para poder acceder a un empleo, por lo que van a tener que vivir con una RGI o una pensión no contributiva, dependerán de una ayuda económica y ahora mismo ya hay muchas personas que no quieren alquilar sus pisos a personas que tienen una RGI. Me imagino que es por ese estigma que hay alrededor de las personas que necesitan una ayuda social”.

Joseba Gaya puntualiza que “las situaciones de sinhogarismo no son un problema exclusivamente social y la solución no puede venir únicamente de los servicios sociales, sino que tiene que haber una coordinación entre las diferentes políticas”. “Se debe tener en cuenta -puntualiza- que en medio de todo eso hay una persona y esa persona necesita diferentes tipos de respuestas que vienen de diferentes sistemas y políticas. Ahora mismo la confluencia de políticas o de diferentes leyes está creando lagunas, aspectos que no se tienen en cuenta y por los que hay gente que se está quedando fuera del sistema”.

Participación

Iñaki, Yusef, Mireia, Elena y Joseba, junto a otras muchas personas -usuarios, técnicos, educadores y voluntarios- de diversas organizaciones contribuyen con sus planteamientos y puntos de vista a los encuentros de participación que coordinan desde EAPN Euskadi y cuyas conclusiones se llevan al Parlamento Vasco, al Gobierno, a las diputaciones y las Juntas y a todos los organismos implicados en el diseño y aplicación de las políticas contra la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Elena de la Hera, coordinadora del trabajo de participación, indica que “nos planteamos recoger la opinión de las personas que están siendo atendidas porque son las que realmente están sufriendo los cambios de la política social, de los recortes y de todo lo que no funciona bien, y porque ellos son los que mejor nos van a decir cómo solucionar algunas cosas o cómo quieren ser atendidos”.

De uno de esos encuentros en los que confluyen procesos de participación dentro de las entidades y grupos de trabajo salieron una serie de conclusiones que los representantes de EAPN Euskadi expusieron en el Parlamento Vasco a finales de junio. El objetivo de la comparecencia era contribuir al Plan Vasco de Inclusión Social. “Las personas en situación o riesgo de exclusión social nos dicen que no se sienten representados en los planes de inclusión actuales ya que hablan solamente de la activación laboral de las personas”, afirman desde la Red contra la Pobreza. Esa propuesta de inclusión social a través del empleo, la “invisibilidad” de las personas atendidas por instituciones como Cáritas, Gizakia o Elkarbanatuz, la necesidad de que las ayudas -léase Renta de Garantía de Ingresos (RGI)- permitan una vida digna y las restricciones en el acceso a ayudas, planes y vivienda son otras cuestiones planteadas por las personas implicadas en el día a día de los problemas sociales.

Joseba Gaya resalta que desde que se pusieron en marcha los proceso de participación, hace más de diez años, “por desgracia los temas siguen siendo los mismos”. “La realidad -dice- no ha cambiado suficientemente como para que las reivindicaciones y las prioridades de las personas que viven o han vivido situaciones de exclusión hayan variado. Nosotros llevamos cerca de 25 años realizando una campaña sobre personas sin hogar y comprobamos que los temas que se exponen, las situaciones, se van repitiendo y, por desgracia, no cambian. Si lo miras con perspectiva es verdad que ha habido mejoras, pero no son significativas. Han mejorado los servicios, la atención a las personas, pero sigue sin haber una confluencia de políticas sociales que sirva para prevenir las situaciones graves de exclusión y para dar respuestas más adecuadas”.

El futuro

Mireia y Elena de la Hera aseguran que en las entidades sociales “hay preocupación por el futuro”. “Es un momento de incertidumbre porque no solo no vemos una mejoría en las respuestas, a pesar de que las necesidades y las situaciones se agravan, sino que vemos que no se ponen soluciones y el que más va a sufrir es el que peor está. Vemos también que hay personas a las que tuvimos que atender en otros momentos, que solucionaron sus problemas y que pueden volver a necesitarnos”, se lamenta Mireia.

“Las leyes que se han aprobado en los últimos años, unas de manera más evidente y otras de forma más soterrada, están dificultando la posibilidad de acceso a derechos y de que muchas personas en exclusión puedan hacer una vida autónoma. Habrá que ser imaginativos y seguir trabajando con las administraciones llevándoles la voz, las sugerencias y la realidad de estas personas. Si hay suerte y nos escuchan quizás podamos dar la vuelta a algunas situaciones”, concluye Joseba Gaya.

Encuesta. Según el último Deustobarómetro (23 Junio) la mayoría de la ciudadanía vasca (51%) apoya incrementar el gasto social para atender a los más desfavorecidos aunque sea necesario subir los impuestos a las rentas medias y altas. La mayoría de los vascos suspende las políticas de vivienda, los servicios sociales y el servicio de empleo de Lanbide.

Informe. Según el Informe Foessa 2017, la mitad de las familias del Estado (50,1%) tiene ahora una “red de seguridad” peor que en la situación precrisis. En más de la mitad de los hogares ha empeorado la capacidad de ahorro: el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un nivel tan pequeño que no le permitiría resistir más de uno o dos meses. En 4 de cada 10 hogares ha empeorado la capacidad para hacer frente a necesidades de salud no cubiertas por la Seguridad Social.