Bilbao - Casi 2.250 ciudadanos vascos no pueden desarrollar oficialmente tareas ni actividades que requieran mantener contacto con menores de edad, ya que sus nombres y datos figuran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Según los datos del Ministerio de Justicia, que es el organismo del que depende el Registro, de los 42.227 delincuentes sexuales de todo el Estado que figuraban en el listado oficial el 31 de mayo pasado, 1.668 fueron inscritos tras ser sentenciados en firme (sin posibilidad de recurso) por algún tribunal de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que las sentencias de otros 581 fueron emitidas por tribunales de Nafarroa. Según esos datos, el País Vasco es la octava comunidad autónoma con más personas incluidas en el Registro de Delincuentes (1.668). Entre este octavo puesto y la cabeza de la clasificación, que le corresponde a Andalucía, con 7.889 inscritos, median Cataluña con 6.402, Comunidad Valenciana con 5.244, Madrid con 4.295, Canarias con 2.267, Galicia, con 2.052 y Castilla y León con 1.975. Nafarroa, por su parte, es la tercera comunidad con menos delincuentes sexuales (581) y solo aparecen por debajo Cantabria, con 532 registrados, y La Rioja con 308.

Entre los 2.249 vascos registrados como “delincuentes sexuales” entre el 1 de marzo de 2016, cuando entró en funcionamiento el Registro, y el pasado 31 de mayo, hay un número indeterminado que se habrá visto obligado a solicitar el certificado de carecer de antecedentes por delitos de tipo sexual y que se han encontrado con que el Ministerio les ha emitido un “certificado positivo”, lo que les incapacita legalmente para trabajar con menores.

Certificados Justicia, que sí proporciona datos de inscritos en el Registro según la comunidad autónoma en la que han sido condenados, no ofrece esta información segregada cuando se trata de las solicitudes de certificado que han resultado positivas y solo da el total estatal: más de 800 en quince meses. Esto supone que ocho centenares de personas no han podido presentar un certificado que acredite que están limpias de cualquier antecedente de delito sexual y, por tanto, no podrán trabajar en contacto con niños o niñas.

El Registro es una base de datos con la que el Gobierno español dio cumplimiento a una previsión de la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la Infancia, derivada a su vez del Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, ratificado por el Estado español y que ha permitido la creación de registros similares en otros países europeos. El objetivo de este Registro es incrementar el control de los delincuentes sexuales y evitar que tengan contacto con menores. Se trata de proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países y a su vez, favorecer la cooperación policial internacional contra estos delitos.

Para lograr esa protección de los menores evitando que los delincuentes sexuales ya condenados tengan contacto con ellos se impuso que la persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar ante su empleador una certificación negativa que acredite que no está incluida en el citado Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, deberán acreditar además que no tienen condenas penales en su país de origen.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales contiene toda la información penal que consta tanto en el Registro Central de Penados como en el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sobre quienes han sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales: agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.