vitoria - El año pasado, 4.457 extranjeros residentes en Euskadi consiguieron la nacionalidad española tras un largo proceso burocrático. Este año pueden ser muchos más... o muchos menos. Ahora resulta imposible saberlo porque hasta el pasado viernes 30 no se habían empezado a aplicar en su totalidad las medidas y cambios legales adoptados por el Gobierno español para tratar de agilizar, estandarizar y dar salida a la multitud de solicitudes de nacionalización pendientes de resolución.

La ley que ha modificado la forma de obtener la nacionalidad española entró en vigor en octubre de 2015, pero contaba con un régimen transitorio, que concluyó este viernes, para la tramitación telemática obligatoria. Esta medida supone que ya no es posible presentar la documentación requerida para el proceso de obtención de nacionalidad en los registros civiles, tal y como se podía hacer hasta ahora, e implica que la mayoría de solicitantes necesitará contar con la ayuda profesional de un abogado o alguna organización que pueda realizar la tramitación telemática en su nombre.

“La nueva ley supondrá un cambio importante respecto a la situación anterior cuando se llegue a aplicar en su totalidad. El problema está en que si el principal objetivo del cambio de procedimiento es dar celeridad al proceso, reducir el tiempo de tramitación y el número de casos sin resolver, eso aún no se ha conseguido”, explica María Pérez Lorenzo, abogada que colabora en la Fundación Ellacuría y con el grupo de mujeres migrantes Torre de Babel. Puntualiza que el plazo medio para conseguir la nacionalidad oscila entre los 2 y 3 años, aunque ella conoce casos de hasta seis años. Un tiempo que se suma a los de residencia efectiva exigidos para poder solicitarla. Los cambios más importantes en el proceso de nacionalización son la tramitación telemática obligatoria, los exámenes de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y de castellano (DELE A2 o superior), y el establecimiento de una tasa de 100 euros.

Un largo proceso “Hacía falta un cambio en el procedimiento -afirma la abogada-. Era necesario darle celeridad, pero también resolver el tema de qué se entendía por integración”. María Pérez indica que hasta el cambio de la ley la evaluación de si un extranjero que solicitaba la nacionalidad estaba integrado en el país o no “quedaba en manos de los jueces encargados de los registros civiles” y “era bastante discrecional”. “Al final -añade- cada uno pasaba o no en función de las preguntas que le hacia el juez del registro, no había un manual para estudiar, no había criterios objetivos y evaluables. Lo que se ha hecho con esta ley es establecer exámenes con criterios objetivos y un manual para que las personas que van a solicitar la nacionalidad sepan a qué atenerse. Ahora para comprobar la integración se pasa un examen y ya está”.

En el examen actual, que se denomina Prueba CCSE, te pueden preguntar ¿a qué edad es obligatorio tener el DNI? o ¿cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias?, pero las 300 preguntas posibles están incluidas en un manual -en el examen figuran 25 de esas cuestiones, respondiendo 15 correctamente se aprueba, las negativas no cuentan- y “estudiando un poco se aprueba”. Antes era imposible saber qué te podían preguntar.

Otra diferencia con la situación anterior es que antes la prueba era gratuita y ahora la de CCSE cuesta 85 euros y la de castellano -este examen solo lo tienen que realizar los solicitantes que procedan de países en los que el castellano no sea lengua oficial- 124 euros. “Con los dos exámenes y la tasa se alcanzan los 309 euros y si tienes que hacer la tramitación telemática necesitas sacarte un certificado digital o contar con la ayuda de un profesional, con lo que los costes suben. Esto puede resultar disuasorio para algunas personas y todavía no se sabe muy bien cómo se va a poder gestionar. Como hasta este vienes se podía presentar la documentación en el registro civil la mayoría de los solicitantes lo hacía así y aproximadamente solo un 10% decidía acudir o pagar a un profesional”, indica la abogada. Algunas organizaciones hacían gratuitamente la tramitación telemática, “porque eran pocas”, pero ahora que esa es la única vía parece difícil que puedan asumir esas gestiones sin financiación pública o ayudas.

las ventajas Respecto a los principales motivos por los que muchos inmigrantes inician los procesos de nacionalización, María Pérez recuerda que “con la nacionalidad adquieren los mismos derechos que un español y es una gran ventaja”. Indica que el interés “varía en función del país de origen”. Los europeos, por ejemplo, tienen la cobertura comunitaria y disfrutan de los derechos inherentes a la ciudadanía europea, pero para las personas de otras procedencias puede ser crucial al poder reagrupar más fácilmente a sus familiares por ejemplo. Además “los que vienen de otros países la necesitan para poder salir largos periodos de tiempo a sus países y volver porque las tarjetas de residencia solo te permiten salir durante un tiempo limitado. También es importante porque para renovar los permisos de residencia se tienen en cuenta los antecedentes penales y conozco casos de gente que ha estado aquí cinco, siete años y por haber tenido una pelea en un bar, por ejemplo, se encuentran con antecedentes por delito leve, las antiguas faltas, que les impiden renovar el permiso. Con la nacionalidad eso se evita”, asegura María Pérez.

La abogada explica que “hay un serio problema con las solicitudes de nacionalidad en espera y muchas nuevas acumulándose. En principio la nueva ley adopta medidas, como la tramitación telemática, para dotar de más rapidez al proceso, pero de momento no podemos decir que eso se haya solucionado. Todavía no hay ninguna presentación telemática que haya tenido resolución porque aún no se han empezado a resolver las de 2015. De aquí a unos años veremos si los cambios han servido para dar celeridad al proceso pero de momento no hay una mejoría”.

últimas cifras Según los datos oficiales, casi el cinco por ciento de las 93.760 concesiones de nacionalidad realizadas en el Estado español a lo largo de 2016 se llevaron a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca. Eso supone que un total de 4.457 extranjeros residentes en el País Vasco consiguieron pasaporte español tras acreditar los años de residencia exigidos y cumplir las condiciones para acceder a la nacionalidad. En la actualidad en Euskadi hay 53.577 personas empadronadas que han nacido en el extranjero pero que ya figuran como españoles. Un colectivo que se ha ido engrosando con los sucesivos procesos de nacionalización.

Tanto en el conjunto del Estado español como en el País Vasco las mujeres de origen extranjero que lograron la nacionalidad española superan a los hombres, aunque en Euskadi el porcentaje femenino es casi cuatro puntos más elevado que el correspondiente al total de España: en la CAV el 59,2% de las personas nacionalizadas eran mujeres (2.641), mientras que en el Estado la tasa fue del 54,4% (51.079).

Entre las 4.457 concesiones de nacionalidad correspondientes a la CAV figuran 523 personas que la obtuvieron por haber nacido en el Estado español, 312 por haber contraído matrimonio con un español o española, mientras que la mayoría consiguieron el pasaporte por haber acreditado dos o diez años de residencia. Aunque también hay 7 casos de hijos/as o nietos/as de españoles, 29 nacionalizados por “otros motivos” y 19 casos en los que no consta la razón. También llama la atención que 244 personas nacionalizadas en Euskadi eran menores de 4 años.

En cuanto a los lugares de procedencia y nacionalidad original, el 64,2% de los 4.457 casos registrados en la CAV son ciudadanos de Centroamérica y Sudamérica. El colectivo más numeroso entre las 2.864 personas latinoamericanas nacionalizadas en 2016 es el procedente de Bolivia (825 casos), seguido por el de Colombia (481). En 2016 también se concedió la nacionalidad española a 1.262 personas originarias de África (sobre todo de Marruecos), a 176 de Asia (predominan los paquistaníes), a 90 de la UE (sobre todo Portugal y Rumania), a 43 del resto de Europa, a 2 de Oceanía y a un apátrida. En el conjunto del Estado español las cuatro principales procedencias de los nuevos nacionalizados son (por orden de importancia) Marruecos, Bolivia, Colombia y Ecuador. La situación no difiere mucho en Euskadi, donde las personas originarias de Bolivia constituyen el grupo más numeroso, seguidas por las de Marruecos, Colombia y Nicaragua. Tanto en Araba como en Gipuzkoa, los marroquíes son los que más acceden a la nacionalidad española.

Procesos. El año pasado un total de 4.457 extranjeros residentes en la CAV obtuvieron la nacionalidad española. En la Comunidad Foral Navarra hubo 1.894 nacionalizaciones.

Por territorios. De las 4.457 personas nacionalizadas, 849 residen en Araba, 2.212 en Bizkaia y 1.396 en Gipuzkoa.

Evolución. Desde el año 2007 hasta 2013 la cifra de procesos de nacionalidad de extranjeros residentes en la CAV ha crecido paulatinamente con la excepción de ese año, que registró un salto: se pasó de 4.996 nacionalizaciones en 2012 a 9.004 en 2013. En 2014 se volvió a bajar a 3.955..

Género. Las mujeres suponen casi el 60% de las personas nacionalizadas en Euskadi, ya que el año pasado fueron 2.641 frente a 1.816 hombres.

4,7%

Los 4.457 procesos de nacionalización de extranjeros empadronados en la CAV suponen el 4,75% de las 93.760 nacionalizaciones registradas el año pasado en el conjunto del Estado español. Al igual que en Euskadi, 2013 es el año con mayor número de procesos: 261.295.