“No se han adoptado medidas para proteger a los más vulnerables frente a los desahucios”

El objetivo del informe de Amnistía Internacional, que da continuidad a otro titulado Derechos desalojados, es denunciar que diez años después del comienzo de la crisis económica no se han adoptado medidas para proteger a las personas más vulnerables frente a los desahucios y reclamar datos más detallados sobre los efectos que la pérdida de la vivienda están teniendo en colectivos como las familias monoparentales o las mujeres víctimas de la violencia machista.

¿Por qué se pone ahora Amnistía Internacional a investigar el derecho a la vivienda en España?

-Es el segundo informe que presenta Amnistía Internacional sobre vivienda en los años de crisis. El primero fue fruto de una investigación entre 2013 y 2015, se tituló Derechos desalojados y se centraba en las ejecuciones hipotecarias. Señalábamos que entre 2008 y 2015 en España se habían producido unas 600.000 ejecuciones hipotecarias y aunque los desahucios no habían sido tantos, se veía que teníamos un problema creciente. Este nuevo informe se titula La crisis de la vivienda no ha terminado. Y en un momento en que parece que no hay un foco de atención sobre la situación de vivienda nosotros nos fijamos en el fenómeno de los desahucios por impago de alquiler y observamos que las mujeres, sobre todo las mujeres inmigrantes, con discapacidad, las madres solteras... sufren esta lacra de manera más agravada.

Parece claro que los problemas de vivienda afectan principalmente a las personas con rentas bajas.

-Sí, las personas que tienen más dificultades en el acceso a la vivienda o que sufren los desahucios son las de rentas bajas.

Entonces, ¿se necesita una política social específica, hacen falta medidas sociales dirigidas a facilitar vivienda a esas personas?

-Es una cuestión de puntos de partida. En España durante demasiados años la vivienda se ha considerado como un bien de inversión, no como un derecho humano, a pesar de que está reconocido en la Constitución y en el Derecho internacional. En los años de crisis parece que la vivienda ya no era un bien de inversión tan atractivo, pero ahora lo vuelve a ser. Tal y como dice el Banco de España, invertir en vivienda vuelve a ser rentable; más rentable que invertir en Bolsa o en bonos del Estado. Es necesario que cambiemos esta concepción de la vivienda como un bien de inversión y pasemos a considerarla un derecho humano y del mismo modo tenemos que pasar de la concepción de la política de vivienda como una política de fomento a un modelo en el que sea una política social.

Y está la Ley de Vivienda.

-La CAV y la Comunidad Valenciana son las dos únicas comunidades autónomas de todo el Estado que reconocen la vivienda como un derecho subjetivo. La ley vasca, que se aprobó en junio del año 2015, fue lamentablemente recurrida por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional, pero consideramos que puede sentar un modelo para otras comunidades, no solo por su reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, sino también por el tipo de políticas que hay que hacer para fomentar la accesibilidad y por el modelo de intervención de los poderes públicos para hacer que el mercado inmobiliario sea accesible para todos.

¿Qué le parece la política de vivienda del Gobierno español?

-La política de vivienda en España la gestiona el Ministerio de Fomento, que recientemente presentó el Plan estatal para los años 2018-2021 con una serie de promesas de fomento del alquiler y ayudas para jóvenes. Sin embargo es muy difícil que ese plan sirva para facilitar el acceso a la vivienda si seguimos recortando en inversión pública. El presupuesto de vivienda en 2016 fue tan sólo el 40% de la cifra de 2009 y los Presupuestos Generales del Estado para 2017 todavía prevén un recorte adicional sobre esa cifra del 20%. Así será muy difícil satisfacer el derecho a la vivienda para todas las personas que lo necesitan... y estamos hablando del país de la UE en el que entre 2005 y 2015 el gasto que tienen que dedicar las familias a vivienda registró el mayor aumento. Y no solo eso, España es el país de la OCDE en el que la diferencia entre el aumento del precio de la vivienda y el de los salarios ha sido mayor.

¿El Gobierno tendría que hacer un esfuerzo para facilitar el alquiler?

-El Gobierno lleva años diciendo que quiere que España deje de ser un país de propietarios para fomentar el mercado del alquiler, pero si prestas atención a los datos del INE y del Banco de España no parece que esté teniendo mucho éxito. Los datos oficiales del año pasado apuntan a que el número de familias que viven en viviendas de su propiedad apenas se ha reducido un 2% respecto a 2001. Todas las reformas de los últimos años, de la Ley de Arrendamientos urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prometían que el alquiler iba a ser un modelo de tenencia más atractivo para aquellas personas que no pudieran obtener una hipoteca o que optaran voluntariamente por el alquiler, no han tenido el efecto que prometieron.

El informe de AI destaca la alta incidencia de los desahucios por impago de la renta.

-Tenemos un problema con esto y es que no hay información desagregada sobre quiénes son las familias que están detrás de los desahucios. Sabemos que el año pasado, en el conjunto de España, hubo más de 34.000 desahucios por impago de alquiler y unos 26.000 desahucios de origen hipotecario, en total 60.000, pero no sabemos a cuántas personas han afectado. Sabemos las unidades familiares, pero no cuántas personas son, cuántas son mujeres, hombres, niños... cuántas son personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Esa información no existe.

¿Tendría que haber medidas de protección para determinados colectivos?

-Se tendrían que tener en cuenta las particularidades. La ley de Enjuiciamiento Civil trata por igual a una pareja joven que en un momento dado deja de pagar su hipoteca, que a una unidad familiar formada por una mujer que tiene cuatro niños y un trabajo precario. No deberían ser tratados por igual porque hay criterios de proporcionalidad a tener en cuenta.

El Estado español ya ha recibido varias reprimendas de la Unión Europea a causa de las ejecuciones hipotecarias y la legislación no termina de adaptarse para dar la protección adecuada a los ciudadanos.

-Creo que desde marzo de 2013 hasta ahora el Tribunal Europeo de Justicia ha emitido doce sentencias contra la legislación española. Estas sentencias se basan en una directiva del año 93 sobre derechos de los consumidores, y a raíz de ellas la legislación española sobre ejecución hipotecaria, contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha ido reformando. Sin embargo, no todas estas sentencias se han cumplido y recientemente la Comisión Europea anunció un proceso sancionador contra el Gobierno español. Los cambios que sí se han hecho son positivos, pero no han llegado por la buena voluntad del Gobierno español sino por una condena del Tribunal de Luxemburgo. Desde AI decimos que hay otras medidas que el Gobierno español debería haber adoptado en atención al Derecho internacional y que todavía no lo ha hecho.

¿Qué cambios?

-Pues, sobre todo, modificaciones legales que para dotar a los jueces de herramientas que les permitan analizar cuáles son las circunstancias particulares de cada desahucio y estudiar la proporcionalidad caso por caso. Es algo que en otros países europeos ya se hace: en Holanda, en la nueva ley de arrendamientos urbanos de Escocia, Irlanda lo está valorando... y es algo que el Gobierno español debería tener en cuenta.

Desahucios. En 2016 se registraron 34.193 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español. También hubo otros 26.000 por ejecución hipotecaria. Desde 2013 ha habido más de 144.000 desahucios por impago de alquiler.

Parque público. El Estado español sólo tiene un 2,5% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos, un 20% de Austria, un 18% del Reino Unido y un 17% de Francia.

Gasto. España es el país de la Unión Europea donde el gasto personal para vivienda se ha incrementado más, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015. Y también es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que la diferencia entre el aumento del precio de la vivienda y de los salarios ha sido mayor.

Casla evita citar la política de vivienda de un país determinado como ejemplo a seguir, pero señala algunos “buenos” ejemplos, como Berlín y París, que tienen limitadas las subidas aplicables a los alquileres, y los países con más vivienda pública.

Al estudiar los efectos de los desahucios Koldo Casla se ha encontrado con personas abocadas a ocupar viviendas. Dice que AI no condena la ocupación porque hay un conflicto de derechos y bienes jurídicos a proteger.