gasteiz - La propuesta para modificar y actualizar el contenido y la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha llegado a convencer a pesar de las explicaciones ofrecidas por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Ayer mismo insistía en su llamada al diálogo para analizar las enmiendas y recordaba a los críticos con las 15 reflexiones planteadas que esta prestación social es una ayuda económica temporal y no crónica, que las cantidades de los complementos por adultos y menores son superiores o iguales a las que ahora tienen, que las ideas planteadas buscan estimular la activación para el empleo de las personas perceptoras, y que la protección a las familias está garantizada.

De hecho, la consejera manifestó la necesidad de actualización del modelo “para proteger las nuevas situaciones de desprotección que estábamos detectando, sobre todo, en las situaciones de las familias”. A su entender, las familias no se encontraban en las mismas condiciones que el individuo perceptor; y las familias con hijos “todavía tenían una situación más complicada”, remarcó.

Artolazabal entró más al detalle y reconoció que en ocasiones, los técnicos de Lanbide habían detectado “divisiones artificiales de las unidades de convivencia. De ahí la necesidad, a su juicio de redefinir ese concepto y de que se haya propuesto una RGI por vivienda para evitar abusos y fraudes en este tipo de ayudas. No son pocos los casos en los que hay titulares empadronados en un piso y no viven en él. O unidades convivenciales que no están registradas como pareja de hecho para poder cobrar dos prestaciones,... Datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales apuntan a la existencia de 3.800 pisos donde viven dos perceptores.

Parejas ficticias “En ocasiones, -apostillaba la consejera en una entrevista en Radio Euskadi- se estaban produciendo divisiones artificiales de las unidades de convivencia”. De esta forma, se refería a “situaciones en las que existe una convivencia teórica, pero que, en la práctica, no es tal”, como por ejemplo, “parejas ficticias”. “Esas divisiones artificiales de las unidades de convivencia tenían que aflorarse porque lo que queríamos era que no se produjeran agravios comparativos y que, además, si se producía una convivencia, que esa fuera real y que protegiera a las personas que se encontraban empadronadas en esa vivienda”, describió. “No pretendemos perjudicar a nadie, sino que se produzca una realidad y que se afloren las situaciones reales de convivencia que tenemos en Euskadi”, indicó Artolazabal.

Las palabras de la consejera no convencieron, sin embargo, a los representantes de los sindicatos ELA, LAB y ESK, cuyos portavoces acusaban ayer al Gobierno Vasco de tener voluntad “de recortar” la RGI y de limitar las posibilidades de acceso a las ayudas sociales. Y eso, a pesar de que se plantea reducir a dos años el plazo mínimo de empadronamiento para que una familia con hijos menores a su cargo pueda acceder al sistema vasco de protección social; y también flexibilizar los requisitos para que las personas refugiadas o solicitantes de asilo puedan ser perceptoras de ese tipo de ayudas económicas y sociales.

Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos) se sumaba estas críticas y expresaba que con la propuesta de reforma, “PNV y PSE utilizan las peores artimañas de la derecha, buscando enfrentar a los que tienen poco con los que tienen menos aún y poniendo en el centro del problema el fraude cuando es la gestión la que provoca el 90% de los males de la RGI y de Lanbide”.