Gasteiz - Un total de 38.616 familias vascas tienen problemas graves para pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y otras 22.385 tienen dificultades para hacerlo, aunque no de tanta magnitud. Este es uno de los datos contenidos en el estudio Los efectos de la crisis: la respuesta de la política de vivienda a los desahucios y sobreendeudamiento elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda.
Las familias vascas con problemas para pagar la hipoteca de su vivienda representan el 3,4% del total (29.663 familias), aunque la “incidencia grave” afecta al 2,2% (18.860). En el caso del alquiler, el 3,6% de las familias tienen dificultades para abonar la renta (31.338) y los problemas graves alcanzan al 2,3%, es decir a 19.756 familias.
En total, son 38.616 familias vascas -formadas por unas 100.000 personas- las que cada mes atraviesan serias dificultades para cumplir con estos pagos. A pesar de ello el informe percibe una mejora del contexto socioeconómico, aunque “muy alejado de los niveles alcanzados antes de la crisis”, y constata una reducción del nivel de endeudamiento de las familias gracias a las mejores expectativas en economía y empleo y un menor coste de la financiación. “Esto supone una mayor facilidad para afrontar los pagos derivados de la vivienda, y así lo refleja la reducción experimentada en paralelo por la cifra de ejecuciones hipotecarias”, recoge el estudio.
Menor esfuerzo inversor De hecho la bajada de los tipos de interés ha ayudado a reducir desde 2008 el esfuerzo inversor de las familias en Euskadi, que entonces dedicaban de media el 47,1% de sus ingresos a pagar la vivienda, mientras que ahora ese esfuerzo está “en niveles más razonables” al situarse por debajo del 30 %.
En términos generales en la actualidad hay una mayor facilidad para afrontar los pagos derivados de la vivienda y así lo refleja la reducción de las ejecuciones hipotecarias, que entre 2009 y 2016 han bajado un 40% en el País Vasco.
El estudio alerta no obstante de que los colectivos con rentas más bajas siguen teniendo dificultades para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda y apunta en este sentido que el 20% de las familias en Euskadi tiene unos ingresos anuales inferiores 9.000 euros.
En este sentido, el Observatorio recuerda que las situaciones de precariedad laboral, ausencia de bienestar y pobreza, afectan en mayor medida a determinados colectivos como mujeres, familias monoparentales e inmigrantes, lo que les otorga un mayor riesgo potencial de perder su vivienda. Y no es solo la pérdida de la vivienda, sino que el estudio recalca que junto con la pérdida definitiva de la vivienda habitual es posible que con posterioridad a la subasta aún quede deuda pendiente de pago, afectando así a más largo plazo y generando un mayor riesgo de exclusión social y residencial. - DNA/Efe
